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11.07.08
BARRIO “BAHÍA CAUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA” DE USHUAIA

El apoderado de la empresa aceptó y firmó que las calles son públicas

El apoderado de la empresa aceptó y firmó que las calles son públicas

El concejal del Partido Federal Fueguino, arquitecto Luis “Lolo” Cárdenas, recorrió junto a sus asesores el polémico barrio “Bahía Cauquén” en donde constató las condiciones del lugar. “Es de público conocimiento que nosotros hemos estado trabajando en un proyecto para que se libere un sector que es un espacio público, una vía pública, en la cual hay una garita con una barrera que impide el libre tránsito a la comunidad”, explicó el edil. Agregando "las calles correspondientes a la urbanización fueron cedidas al uso público mediante plano de mensura TF 1-24-05, esto lo ratifica el propio apoderado de la empresa, firmando de conformidad ese plano, el 13 de mayo de 2005".
En el barrio “Bahía Cauquén” Sociedad Anónima existe una barrera que impide el normal tránsito en la vía pública y también el libre acceso a la costa del Canal Beagle, sin que se cumpla con alguna normativa de respaldo. Ya hubo una audiencia pública por este tema y ahora el Concejo Deliberante deberá decidir si convalida o no esta situación, nada queda firme si previamente no lo ratifica el Concejo Deliberante. Ayer el concejal del Federal Fueguino, Luis Cárdenas, recorrió el sector. Justamente este bloque presentó un proyecto para que se quite esta barrera y las instalaciones, de la vía pública.

Agregó que a partir de esto, este jueves recorrió ese sector del barrio “Bahía Cauquén” y constató que la situación sigue en las mismas condiciones y circunstancias irregulares “que los vecinos han denunciado”.

La idea de esta recorrida no solo fue tomar contacto con esta situación, sino también conocer los espacios linderos y parcelamientos que hay en la zona, “y ver qué tipo de obras se están llevando adelante en el sector”.

En la zona del barrio en cuestión, que está ubicado sobre la bahía, “hay un retiro de costa que debe ser de 50 metros de la línea de más alta marea, que es obligatorio por normativa; en este caso particular, no sabemos si estamos respetando esas medidas. De todos modos, justamente hay que ir viendo si se empieza a configurar realmente el libre acceso a la costa que me parece que es lo que más interesa a todos los vecinos”, señaló Cárdenas.

Cabe recordar, que este tema ya ameritó una audiencia pública, que se realizó en el ex presidio el pasado 7 de julio, “A partir de la firma del Intendente con respecto al Convenio de Cesión de Espacios Públicos y precisamente por la intención de utilizar y destinar estos predios para la creación de un barrio cerrado, se convocó a una audiencia pública y en ésta se revelaron las posturas encontradas con respecto a los instrumentos que muchos dicen tener”, comentó el concejal federal.

En esta audiencia pública, los que avalaban la ratificación del Convenio es la Sociedad Anónima –responsable inmobiliario que vendió las parcelas- y algunos vecinos de este exclusivo lugar, mientras la postura de rechazo del convenio, fue sostenida por ONGs, como Finis Terrae, Participación Ciudadana, además del Colegio de Arquitectos de Ushuaia, vecinos no residentes en el lugar, representantes sociales y lo que llamó más la atención, fue también que el rechazo al convenio fue requerido por vecinos propietarios del barrio en cuestión.

Cárdenas, además de señalar los fundamentos de las dos posturas predominantes e indicar que se deben respetar los espacios públicos como tal –el acceso a los mismos como el libre tránsito por la arteria municipal y la costa del Canal Beagle- dijo que hay un tercer matiz, una visión personal de que “nosotros vamos a permitir, y si el vecino entiende que este tipo de barrio sería conveniente para la ciudad o no; así que la intención es comenzar a poner en conocimiento a los vecinos y explicitar qué tipo de ciudad queremos y traducirlo en las normativas específicas para este fin”, declaró.

El Partido Federal Fueguino justamente había presentado un proyecto de Ordenanza para que se levante esta barrera y se quiten estas instalaciones que están en la vía pública, proyecto que tomó estado parlamentario y será debatido en el seno del Concejo Deliberante. “Hay un hecho concreto que es que el plano de mensura identifica muy bien lo que es el orden privado y lo que es el orden público. En el orden público, sobre la calzada, sobre la vía pública, hay una superficie cubierta ocupando precisamente la vía pública. Este es un hecho que no amerita otro proceder que levantar dichas instalaciones”.

El Acta Acuerdo otorgada el 21 de septiembre de 2000 (con posterioridad a la Sanción y de la Ordenanza 2102) se limita al mantenimiento de las calles internas de la urbanización e infraestructura de servicios, no especificando en ningún momento que se autoriza el cierre de las calles públicas o a la colocación de barreras para tal efecto. Este acuerdo no fue refrendado por el Concejo Deliberante.

Con posterioridad al acta acuerdo del mantenimiento y conservación de calles del 21 de septiembre de 2000 (que en niguna parte menciona la calidad de barrio cerrado). Luego, al aprobarse la mensura el apoderado de la misma cedió al uso público las calles.

En lo que respecta a las calles correspondientes a la Urbanización las mismas fueron cedidas al uso público mediante plano de mensura TF 1-24-05 fechado el 13 de mayo de 2005. Este es el documento base, y en ese documento la empresa determina la vía pública en el ámbito municipal. Así lo expresa y lo firma. Los actos propios de sus apoderados liberan de toda posibilidad de reclamación al Municipio de la Ciudad. Si hubiera lugar a reclamos judiciales estos serán, tal vez, entre los compradores y los vendedores, si lo hubieran hecho faltando a la buena fe, pues el expediente concluye pura y exclusivamente con la ratificación del Concejo Deliberante y eso hasta ahora no ha ocurrido.

La urbanización no responde a la normativa en vigencia, resultando por ello imposible suscribir un convenio que permita la conformación del barrio cerrado como tal. “Ningún derecho han adquirido estando inhabilitados por ello, para accionar contra el municipio. La normativa vigente y sus propios actos los inhabilitan”





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