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10.07.08
PROYECTO DE LA DIPUTADA CALCHAQUÍ

Regularían por ley la contratación de seguros de vida de saldo deudor

Regularían por ley la contratación de seguros de vida de saldo deudor

Un proyecto de ley de una diputada oficialista pretende regular la contratación se seguros de vida para asegurar saldos de deuda por parte de las entidades de crédito. Se exigiría que sea por licitación, sin comisión para la entidad financiera y de 2 compañías como mínimo. La legisladora critica en su iniciativa la falta de elección del usuario y el alto costo que se cobra por estas coberturas. Sin dudas, un tema para seguir de cerca y que informamos en esta nota.

Si bien hasta ahora el único tema que ha concitado la atención de la Cámara baja ha sido el proyecto de ley del Gobierno nacional por las retenciones móviles a las exportaciones agrícolas, cabe esperar que retomen la actividad normal en los próximos días y comiencen a analizarse una serie de iniciativas que quedaron stand by en medio de este conflicto.

Es por ello que resulta conveniente estar atentos a lo que va a suceder y tomar conocimiento de los diferentes temas que se encuentran en estudio, como por ejemplo el proyecto de ley que motiva esta nota que pertenece a la diputada Mariel Calchaquí (FpV - Tierra del Fuego) y que tiene por objeto "regular los seguros colectivos de personas que contraten las entidades de crédito para asegurar a sus deudores o suscriptores, con la finalidad de proteger los derechos de usuarios y consumidores".

Según el análisis realizado por la legisladora y que motivara la elaboración de su propuesta, "hace falta una mayor regulación en lo que respecta a la obligación de la contratación del seguro de vida que cubra los saldos deudores", ya que para obtener el financiamiento de compras utilizando alguna de las 277 tarjetas de crédito que operar las entidades financieras y no financieras, en 41 casos no se exige la contratación del seguro de vida o no se cobra suma alguna al usuario por este concepto. En relación a los préstamos personales, 6 de las 57 entidades financieras que operan en esta línea de financiamiento, no condicionan el otorgamiento del crédito a la contratación del seguro de vida o no cobran primas por el mismo.

Una proporción similar se observa en las cuentas corrientes, donde 5 de las 53 entidades financieras relevadas, no condicionan el otorgamiento del giro en descubierto a la contratación del seguro de vida o no cobran primas por el mismo.

También se menciona en los fundamentos del proyecto que una situación similar a la referida se aprecia en los préstamos prendarios, donde, de las 40 entidades financieras que otorgan este tipo de crédito, 4 de ellas no exigen la contratación del seguro o no cobran primas por él. Por último, 1 de las 29 entidades que ofrecen préstamos con garantía hipotecaria no requiere la contratación del seguro de vida o no cobran sus primas por él. Toda esta información, según la diputada, surgiría de la información publicada por el Central en el RI de Transparencia.

Otro aspecto que requiere regularse, según la diputada Calchaquí , es el de la libertad de elección del usuario, los derechos de éste en su carácter de "beneficiario", y los precios que las entidades cobran por los seguros de vida, que superan ampliamente los valores de plaza para estas sumas aseguradas, y la emisión de certificados de incorporación a los seguros colectivos de vida de parte de las compañías de seguro para los asegurados.

En ese contexto y tras un exhaustivo análisis que se ha hecho de la situación actual de esta operatoria - por lo menos es lo que surge de las afirmaciones que se realizan en los fundamentos del proyecto de ley -, la diputada "K" por Tierra del Fuego plantea la necesidad de sancionar esta iniciativa que regularía los contratos de seguro de vida por saldo deudor que contraten las entidades financieras reguladas por la Ley 21526, las entidades financieras, comerciales y bancarias y no bancarias que emitan tarjetas de crédito, las entidades administradoras de planes de capitalización y ahorro para fines determinados, y "cualquier otra persona que otorgue préstamos o realice ventas en cuotas de cualquier tipo".

Uno de los primeros aspectos que pretende regular esta iniciativa se relaciona con el contrato de seguro, el que debería respetar las siguientes condiciones:

a.   el seguro debe limitarse a cubrir los riesgos de muerte o de muerte e invalidez total y permanente

b.   el capital asegurado debe ser equivalente al saldo de deuda a lo largo de todo el contrato,

c.   la duración del contrato debe ser igual al de la operación de crédito o del plan,

d.   como medio de selección de riesgo, no se admiten carencias de cualquier tipo, inclusive las llamadas "cláusulas de enfermedades preexistentes",

e.   las exclusiones de cobertura no pueden ser otras que las previstas en los artículos 135, 136 y 137 de la Ley de Seguros Nº 17.418, pudiéndose reducir el plazo del artículo 135 a un año,

f.     la entidad de crédito debe obligarse con sus clientes a cancelar el saldo deudor o del plan en caso de muerte o invalidez total y permanente de cualquiera de ellos, según los riesgos cubiertos,

g.   la entidad de crédito debe constituirse en beneficiario del seguro para cancelar la deuda o plan del fallecido o invalidado en forma total y permanente según corresponda,

h.   debe asumir el pago íntegro del premio del seguro.


i.     si se pactara participación en las utilidades de la póliza, éstas sólo pueden aplicarse a la cancelación de primas futuras del mismo seguro.

j.     los gastos en que efectivamente incurra la entidad de crédito por las tareas de administración del seguro, serán reembolsados por la aseguradora hasta un 10% del monto de la prima pura; el excedente, si lo hubiere, debe ser afrontado por la entidad de crédito y no puede ser cobrado al usuario o consumidor.

k.   las entidades de crédito no pueden ser mandatarias de ninguna aseguradora para actuar en la contratación de este seguro para sus clientes, ni percibir remuneración alguna por ello.

La entidad de crédito que decida contratar un seguro de vida de saldo deudor, en el caso de sancionarse este proyecto, debería proceder a la contratación de cómo mínimo 2 compañías aseguradoras y por medio de un proceso de licitación. "La entidad de crédito debe notificar fehacientemente a todas las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación a operar en la rama vida con planes aprobados de seguro colectivo de vida, los días y horarios en que las aseguradoras pueden retirar de su domicilio el pliego de condiciones del seguro. La comunicación debe ser cursada con 10 días de antelación a la fecha límite de presentación de las ofertas. La entidad de crédito puede cobrar un precio uniforme por cada pliego, para cubrir los gastos que irrogue la licitación", sostiene el texto de la iniciativa, en el cual se enumera la información que deberá contener el pliego de convocatoria a la licitación, entre la que se destaca, por ejemplo, que se deberá informar la siniestralidad de los últimos 5 años, o del plazo menor de operaciones que registre la entidad de crédito.
También se deberá informar en los pliegos los criterios para la valuación de las ofertas presentadas por las aseguradoras, que deben ajustarse a estas reglas: el máximo de puntos que pueda obtener una aseguradora oferente será de 100, de los cuales 70 se adjudican a la aseguradora que ofrezca el menor precio y a las restantes la menor cantidad de puntos que proporcionalmente les correspondan de acuerdo el mayor precio ofrecido en relación a la primera, mientras que los restantes 30 puntos serán adjudicados por el mismo sistema a la aseguradora que acredite mayor solvencia, de acuerdos a parámetros que fije la entidad de crédito, que deben surgir de la información que las aseguradoras deben suministrar a la SSN. En las ofertas que realicen las aseguradoras, el precio del seguro deberá expresarse en pesos cada mil de capital asegurado, equivalente al saldo deudor o cuotas pendientes de pago. La licitación será adjudicada por un Escribano Público a las aseguradoras que reúnan la mayor cantidad de puntos.
Por último el proyecto busca regular la información que, con relación a este seguro que contrata la entidad financiera, le debe llegar al usuario. En este sentido, se menciona que al momento de solicitar la financiación o la adhesión al plan, la entidad de crédito debe informar fehacientemente al usuario si contrató o no un seguro colectivo de vida de deudores y en caso afirmativo, deberá proveerle los siguientes datos:

                                   i.         la fecha, ante que Escribano se realizó el proceso de licitación para su contratación y las dos entidades aseguradoras con las que se contrató el seguro.

                                  ii.         el precio total del seguro o premio que cobra cada una de las aseguradoras expresado en tanto por mil sobre el saldo de la deuda o de las cuotas impagas.

                                iii.         los riesgos cubiertos.

El proyecto de la diputada Mariel Calchaquí fue presentado el pasado 23 de junio y remitido a las Comisiones de Economía y Legislación General, y debido a su contenido, habrá que seguirlo de cerca ya que su sanción implicaría importantes cambios en esta operatoria que es habitual en el sistema financiero.





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