Por Verónica Benaim desde el Congreso nacional.- En un momento crítico para el sector de la Industria, la Ciencia y Tecnología del país, los senadores aprobaron este miércoles la iniciativa que brinda reducciones e incentivos fiscales al software y otras industrias de la “economía del conocimiento”.
Después de varias horas de debate, en donde no faltaron los cruces entre oficialistas y opositores, la iniciativa se aprobó con 49 votos positivos. Contó con el apoyo de los senadores fueguinos de Alternativa Federal, Julio Catalán Magni y José Ojeda. Miriam Boyadjian -que participó de la sesión- en el momento de la votación estuvo ausente.
En declaraciones a la prensa, el senador Catalán Magni destacó la relevancia de la ley y manifestó: “Es importante darle valor agregado, ver cómo podemos desarrollar las nuevas tecnologías, cómo podemos dar beneficios impositivos también, para que se pueda potenciar el software, ya que la tecnología es lo que viene y me parece que el Estado debe estar a la altura y avanzar en ese sentido.
Asimismo, resaltó el Foro INDUAR 4.0 que se hizo en Ushuaia, y señaló que lo que se votó en el Congreso va en sintonía con la ley de software que también se aprobó en la provincia.
Qué dice la ley
La ley establece que la economía del conocimiento está conformada por actividades que se caracterizan por la innovación y el uso intensivo de tecnologías, cuyo factor central de producción es el conocimiento y las ideas de las personas.
De esta manera, otorga una prórroga hasta diciembre del 2029 de los beneficios fiscales que tienen las empresas de software y los amplía a otras firmas de tecnologías intensivas, como los servicios geológicos, la nanotecnología, la industria aeroespacial, satelital y nuclear, los sectores de videojuegos y robótica, los servicios de electrónica y comunicaciones, la industria del 4.0.
La iniciativa, aprobada en la Cámara de Diputados el 24 de abril, propone la creación del Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
Entre los puntos principales del proyecto, contempla en su Capítulo II un tratamiento fiscal para los beneficiarios. En ese punto se define que los inscriptos en el Registro tendrán «estabilidad fiscal». Esto significa que «los beneficiarios no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento de su solicitud de adhesión al Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento».
Según se estipula en el texto, las empresas no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del IVA, ni accederán a la alícuota reducida del 15% del impuesto a las Ganancias en tanto y en cuanto mantengan los puestos de trabajo de su nómina de personal.
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