Recursos provinciales en garantía: “Lo que ha hecho el presidente es un ejercicio usurpativo y antijurídico”, dijo Barcesat

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, visitó la provincia la semana pasada donde aprovecho a mantener un encuentro tanto con la Gobernadora Rosana Bertone, como con el intendente de Río Grande Gustavo Melella.

El Doctor, se refirió en Radio Nacional Ushuaia al proyecto de ley, enviado por Bertone, a fin de evitar que la nación ponga como garantía de pago de deuda contraída por el estado nacional, los recursos naturales.

En este sentido, reafirmó que  desde la nación “se está violentando el principio constitucional establecido en el artículo 124, que indica que el dominio originario de los recursos naturales, les corresponde a las provincias”.

“El diputado de Cambiemos parece no advertir cual es el principio de legalidad”, cuestionó el constitucionalista.

Paralelamente dijo que “no voy a entrar en la razonabilidad sobre si la gobernadora hizo bien o mal al poner las regalías petroleras en garantía de deuda contraída por la provincia, porque tiene la competencia para hacerlo” agregando que “si la medida es buena o mala, que lo juzguen los fueguinos”.

Sin embargo “desde el punto de vista de lo que ha hecho el presidente de la nación al apropiarse de una de potestad que le corresponde a las provincias es un ejercicio usurpativo y antijurídico, y entiendo que tiene que ser revisado por la provincia”.

“Lo que dice el texto constitucional es que ese dominio original sólo la provincia puede decidir respecto de sus riquezas y recursos naturales” considerando que “los decretos de endeudamiento compulsivo al que nos ha sometido no se expresa en esto, sino que está en resoluciones firmadas por Luis Caputo, que no se publicaron en el boletín oficial edición papel sino en la página web por su extensión”.

Barcesat dijo que “la denuncia se hizo en 2016, con el pago del 85% a los fondos buitres” donde “todos los actos de contratación nueva fueron sometidos a este régimen”.

A ello agregó que “todo está en juicio por malversación de caudales y violación de los deberes de funcionario público y se invoca la figura de traición a la patria por haber quebrado la división de poderes entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional”.

“En caso de llegar a un litigio con los acreedores internacionales se van a resolver en tribunales foráneos”, finalizó el constitucionalista.

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