El juez del Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Sur, Javier De Gamas Soler, procesó a cinco integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y dictó un embargo de 3 millones de pesos.
Es por la causa vinculada a las 128 viviendas del sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en una resolución que consta de 171 fojas. En agosto de 2018, el fiscal Nicolás Arias amplió su requerimiento fiscal de instrucción tras analizar los 11 cuerpos que tenía la causa.
Los procesados
- Miguel Ángel Arana, considerado coautor materialmente responsable de los delitos de estafa, por 22 hechos que concurren realmente entre sí; defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con 7 hechos de falsificación ideológica de documentos y lavado de activos de origen delictivo, en tanto que se le dictó la falta de mérito parcial en orden a los hechos de negociaciones incompatibles con la función. Y embargo de 3 millones de pesos.
- Hipólito Carlos Córdoba, considerado coautor materialmente responsable por los delitos de estafa, por 22 hechos que concurren realmente entre sí, y defraudación por administración fraudulenta. Y embargo de 3 millones de pesos.
- Lilian Carolina Galli, considerada coautora materialmente responsable de los delitos de estafa, por 22 hechos que concurren realmente entre sí y por defraudación por administración fraudulenta. Y embargo de 3 millones de pesos.
- Gisela Edith Escobar, considerada coautora materialmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo. Y embargo de 3 millones de pesos
- Erik Enrique Moscoso Panozo, considerado coautor materialmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo. Y embargo de 3 millones de pesos
Los cinco procesados deberán continuar cumpliendo con las reglas de conducta impuestas como fijar domicilio, comunicar cualquier posible variación de éste a la autoridad judicial, comparecer inmediatamente a todas las citaciones que se formulen desde los órganos jurisdiccionales, prohibición de ausentarse de la provincia sin autorización judicial, todo bajo apercibimiento de ordenar su detención.
El magistrado declaró que no hay mérito para sobreseer ni para ordenar el procesamiento de Francisco Freire Aguirre Acosta, Hugo Fabián Aguirre y Martín Ezequiel Arana y sobreseyó a Leandro Antonio Santillán Milvihill y Omar Alberto Calquín.
Además, declaró por extinguida la acción penal por muerte de Daniel Alberto Belbey, sobreseyéndolo de los hechos que se le imputaron en esta causa.
Los procesados con funciones sindicales
- Arana: desde 2006 es empleado de la Municipalidad de Ushuaia. De 2010 a 2018 perteneció a la Comisión Directiva del sindicato de ATE de Ushuaia, donde integró la Comisión de Viviendas; tuvo funciones en las gestiones y administración de soluciones habitacionales para afiliados del sindicato. “Junto con Córdoba poseía un poder especial para actuar en nombre y representación de ATE en la gestión de viviendas”. A nivel gremial nacional ha ostentado el cargo de Secretario del Interior.
- Córdoba: se desempeña como Secretario General de ATE Ushuaia. De testimonios de la causa surge que junto a Arana eran los únicos que poseían un poder especial otorgado por ATE a nivel nacional para operar administrativamente sobre las 128 viviendas de las Barrancas del Río Pipo.
- Galli: integrante de la Comisión Directiva de ATE Ushuaia. Se desempeña como Secretaria de Acción Social, orbita bajo la que se encuentra la Comisión de Viviendas del sindicato a la cual pertenencia Arana.
“Plan criminal”
En su resolución, el Juez de Instrucción describió que la metodología utilizada por los representantes gremiales, para con sus víctimas fue la misma. “Arana fue el brazo ejecutor de las estafas, para lo cual ofrecía departamentos de ATE indicando que algún beneficiario se retiraba de la provincia y vendía su lugar o que algún adjudicatario debía ausentarse por enfermedad. Nunca daba la identidad del supuesto vendedor y en ocasiones simplemente decía que ATE poseía un cupo del cual podía disponer libremente”, detalló.
En consecuencia “ofrecía unidades a un precio accesible, lo que posibilitaba su venta, incluso aceptaba vehículos como parte de pago que luego comercializaba”, acentuó, precisando que a todos “a todos sus clientes les indicó que debían realizar las inscripciones en el IPV, lo que no es un dato menor dado que la intención final era poder hacerlos ingresar en los listados de postulantes para que no se derrumbara su plan criminal”.
“De cada operación no quedaban constancias, ya que no entregaba recibos y no aceptaba transferencias de dinero; sólo dinero en mano”, ya sea peso argentino o dólar estadounidenses, cheques y/o vehículos aptos para ser comercializados”, relató en su escrito el Juez sobre el accionar de Arana.
Dijo también que “conducía a los potenciales compradores hasta el lugar donde se estaban construyendo las viviendas, incluso a algunos les enseñaban cuál sería su departamento. Hacía lo mismo cuando la entrega de la vivienda se demoraba a modo de mantenerlos entusiasmados, siempre poniendo excusas sobre la dilatación de la entrega, argumentando que faltaban servicios y demoras en la construcción o que se debían solucionar inconvenientes administrativos”.
Arana, Córdoba y Galli “unieron sus voluntades para cometer el ilícito penal. Los tres idearon un complejo accionar tendiente a comercializar viviendas sociales destinadas a afiliados de ATE, en claro perjuicio del patrimonio del sindicato y de sus afiliados, quienes confiaron en sus dirigentes gremiales la administración de esas soluciones habitacionales”.
Para el magistrado, “la banda criminal, lejos de ser una organización improvisada, ha dado cada paso de manera calculada y planificada, ya que al haber burlado los controles del IPV e ingresado a los hoy damnificados a las 128 viviendas, los procesados tenían ideada la manera de hacerse del dinero sin llamar la atención”.
Bienes secuestrados a servicio de la comunidad
Por otro lado, el juez resolvió que los vehículos viales secuestrados sean entregados en carácter de depositario judicial a las autoridades del Gobierno Provincial, representado por el ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, para ser utilizado en las áreas que así lo requieran.
Además, resultó acertado entregar a las autoridades del Gobierno Provincial, en carácter de depositario judicial y bajo la contratación de los seguros correspondientes, la maquinaria vial secuestrada para ser utilizado si así lo requieren
Sobre los vehículos de menor porte, se dispuso su entrega a la autoridad policial, en carácter de depositario judicial y bajo la contratación de los seguros correspondientes, para que sean utilizados para servicio de la comunidad.
