Las prepagas vienen incrementando sus cuotas a un ritmo constante. Como consecuencia una baja importante de afiliados se registró en los últimos tres años de un 12%, según la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Desde las asociaciones de defensa del consumidor apuntan que «las empresas piden aumentos y la Superintendencia simplemente los autoriza”. Es que, si bien la ley de Medicina Prepaga (26.682) estableció en 2011 que la SSS sólo aprobaría alzas fundadas en las «variaciones de la estructura de costos de las compañías», un vocero de ese organismo de control reconoció (como una autocrítica explícita) que, en ocho años, el texto legal no se pudo aplicar del todo, y que recién este año se empezó a ordenar la forma de trabajo para discutir los aumentos tomando en cuenta, también, los balances de las empresas.
Según publica el diario Clarín de hoy, en noviembre de este año cuando se terminen de aplicar los aumentos anunciados, las cuotas de las prepagas habrán aumentado un 57% más que un año atrás. En representación de las prepagas, Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical y de la recientemente creada Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado, explicó a Clarín que «se paga muy por debajo de los costos», y señaló que «la gente se queja porque hay una concepción errónea de la gratuidad de la salud, pero las cuotas de las prepagas por lo menos deberían estar emparejadas a lo que una familia está dispuesta a pagar por la educación privada de sus hijos».
En tanto, desde las asociaciones de defensa del consumidor como ADDUC o ADECUA, con las que habló este medio, coincidieron en que a los aumentos «desmedidos» le siguen cada vez más acciones legales contra las compañías, producto de que «la gente no los puede bancar». Y apuntan a un incumplimiento de la ley de Prepagas: dicen que las empresas no exhiben sus balances frente a la Superintendencia, por lo que las subas no quedan adecuadamente justificadas.
En Argentina, están afiliadas a prepagas unas 5 a 6 millones de personas. Sin contar que el sitio «MiObraSocial» relevó que el 59% de los afiliados consideró cambiar de cobertura médica en el primer semestre de 2019 (11% más que en 2018), Osvaldo Bassano, presidente de ADDUC, estimó que “al menos un 20% de los afiliados a nivel nacional, mayormente personas de 50 a 60 años, se bajó en los últimos dos años a obras sociales o al sistema público”. En coincidencia con ese diagnóstico, Sandra González, presidenta de ADECUA, agregó que “en los últimos meses se agudizaron mucho los reclamos”. Desde la UAS, Belocopitt matizó la merma, de «entre un 10% y un 15%, siempre hablando del segmento medio y bajo… es un sector muy variado».
Eso sí, los aumentos tienen límites. A título orientativo, en OSDE informaron que un plan estándar para un menor de 28 años ronda los 3.500 pesos. Pasada esa edad, salta a 5.200 pesos (48% más), y para un mayor de 35 años sube a 8.500 (63% más). Parece mucho, pero respeta la consigna de que la franja etaria mayor no supere más de tres veces la cuota del más joven. Así lo dice la ley.
