Con el aval del Gobierno nacional, se espera que los representantes del Senado no encuentren obstáculos en el camino hacia la aprobación de la Ley de Emergencia Alimentaria.
La sesión, comandada por la vicepresidenta Gabriela Michetti, tendrá un tratamiento exprés, ya que se consensuó (como sucedió la semana pasada en Diputados) que participarán pocos oradores.
El texto de la ley promueve una prórroga de la emergencia alimentaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2022. Además, contempla un incremento de emergencia de «los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición», equivalente a unos $8.000 millones.
Según la FAO, Argentina fue uno de los tres países de Latinoamérica, junto a Venezuela y Guatemala, en los que más creció el hambre durante 2018. Además, el INDEC aseguró que la pobreza en el país supera el 30% de la población y la tasa de desocupación del primer trimestre del año fue del 10,1 por ciento.
Desde este medio día, miles de representantes de diversas organizaciones sociales se instalaron frente al Congreso, a la espera de que el Senado convierta en ley la Emergencia Alimentaria en la Argentina.
Bajo el lema «El hambre no espera», están presentes representantes de organizaciones como Barrios de Pie-Somos, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
