La Secretaría de Salud renovó el protocolo de 2015 y remarcó, entre otras cosas, que el aborto no es delito en la Argentina por causales. Ahora las provincias que no cumplen con la ILE, deberán adecuarse ya que la renovación es a nivel nacional.
Este miércoles, en el Boletín Oficial se publicó la resolución de la Secretaría de Salud de Nación respecto a la actualización del protocolo de atención de abortos legales. Esta noticia fue celebrada por todos los movimientos feministas y organizaciones de Derechos Humanos por su importancia y significado.
Si bien la interrupción del embarazo por causales es legal en nuestro país desde 1921, en el año 2012 la Corte Suprema estableció el Fallo FAL, fallo que sucedió luego de un caso judicial cuando una joven chubutense fue violada por su padrastro a sus 15 años y su madre recurrió a la Justicia para que su hija pudiera realizarse el aborto en un hospital público.
Esta actualización se desprende de aquel fallo que continúa con la normativa de la interrupción del embarazo por las siguientes causales: si existe un peligro para la vida o la salud de la madre o si el embarazo proviene de una violación.
En nuestro país siete serán las provincias que deberán adecuarse y comenzar a aplicar este protocolo y cinco las que tendrán que unificarlo para garantizar el acceso a este derecho que ya tiene resolución ministerial.
¿Qué tiene de nuevo esta actualización? Este protocolo viene con varios items positivos en su haber. Incluye el ‘Plan ENIA’ (Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia), respecto a embarazos de menores a 15 años. Todos los abortos en ese tipo de embarazos entran en la causal de salud porque se considera que son riesgosos.
La autonomía desde los 16 para decidir la práctica de una ILE también se hace oficial en el Boletín, así como se le pone más dificultades a la figura de de la objeción de conciencia y los plazos para la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo.
