Este miércoles, en la última sesión del año, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que desde marzo pasado tenía media sanción del Senado. Se votó sin debate, sin disidencias, en forma exprés, tal como llegó del Senado, obteniendo 163 votos a favor, ninguno negativo y 8 abstenciones.
La ley establece un sistema único de talles –se llama SUNITI: Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria– con medidas corporales estandarizadas para fabricar, confeccionar, comercializar e importar indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años.
Para eso, especifica que las medidas reales de los argentinos se obtendrán del estudio antropométrico que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) viene desarrollando desde 2014 y que será actualizado cada 10 años, con la misma periodicidad que se hace un censo, para tener en cuenta distintos factores como los cambios alimenticios que puede atravesar la población, los avances generacionales y las movidas migratorias que influyen y modifican los talles. Sucede que, desde hace mucho tiempo, la ropa de los argentinos se ha fabricado en base a parámetros europeos o de otros países.
“Todas las personas tenemos derecho a vestirnos, no es una cuestión superficial, cuando no hay talle, el usuario se enfrenta a un fuerte rechazo del mercado que genera frustración. Si una chica se tiene que comprar un vestido, se tiene que ir a comprar ropa específica en locales especiales para talles XXL, y en un adolescente esto es muy violento”, dijo Fernanda Rossi, autora de la página de Facebook “La Bitácora de la Gorda”, con activa militancia en el tema.
El estudio antropométrico requiere de 12 mil a 15 mil muestras provenientes de las cinco regiones representativas del país (NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia) y hasta el momento se completó cerca de la mitad. La ley dice, en su artículo 4°, que el primer estudio debe estar finalizado dentro del período de un año a partir de su sanción.
La nueva norma regirá tanto para indumentaria como para calzado. Los comerciantes, fabricantes e importadores deberán adherir a cada producto una etiqueta que tendrá que «estar contenida en el pictograma correspondiente, de manera cierta, clara y detallada, siendo de fácil comprensión para el consumidor”. Además, todos los comercios tendrán la obligación de exhibir en un lugar visible un cartel (cuyo tamaño mínimo será de 15 por 21 centímetros) con la tabla de medidas corporales normalizadas.
Otro artículo de la ley dispone que los negocios de venta de indumentaria de moda y textiles “deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores” y “abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.
Ante el incumplimiento de la ley, se aplicarán las sanciones establecidas en la Ley 24.240, de Defensa del Consumidor, y la Ley 23.592, de Penalización de Actos Discriminatorios. El control y vigilancia de la norma estarán a cargo de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias. Las carteras de Salud, Desarrollo Social, Defensa del Consumidor y el INADI deberán desarrollar actividades tendientes a la información, concientización y capacitación, así como la realización de campañas de difusión masiva en todos los medios de comunicación.
La flamante norma cuenta con el aval del sector productivo. Ya en el tratamiento que se le dio en el Senado, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) vio con buenos ojos la letra del proyecto, coincidiendo con la necesidad de dar respuesta a un reclamo social a partir de una ley nacional para que los consumidores encuentren los mismos talles en todos los negocios del país, dejando atrás catorce leyes, entre provinciales y municipales, todas distintas y con clasificaciones de talles difíciles de implementar.
Se trata de un reclamo social que engloba una cuestión de salud. El 70% de los argentinos, en su mayoría mujeres, tiene problemas para conseguir ropa, según la última encuesta realizada en 2018 por AnyBody, la ONG que promueve una moda inclusiva y sin estereotipos de la mano de las campañas “El talle único no es el único talle” y “Vestirse es un derecho, no un privilegio”. Estas dificultades no solo se reducen a una cuestión estética o funcional, ya que en ocasiones deriva en problemas de autoestima o trastornos alimenticios graves como la bulimia y la anorexia. Es que, en la búsqueda de ajustarse a los falsos estereotipos, las personas pueden llegar a métodos extremos y nocivos para la salud.
Semanas atrás, en Río Grande se llevó adelante un conversatorio denominado “Chupame un rollo, un espacio para salir del closet del sobrepeso”, desde donde se habló sobre el Activismo Gordo, en un contexto en el que cuestiona si cada sujeto resulta soberano en sus decisiones corporales o si se trata de una serie de dispositivos de control sobre los cuerpos.
El activismo gordo busca desmantelar, y usando un término muy usual en los últimos tiempos, deconstruir las condiciones de opresión que son reproducidas constantemente por la cultura occidental, que van desde las publicidades, las redes sociales, pasando por el sistema médico hegemónico, en el que la delgadez se ha constituido como un valor mediante el cual somos o no vistos socialmente.
Si bien el proyecto aprobado no fue el primero que se presentó en el Congreso, el miércoles fue convertido en ley.
“Cuando se haga efectiva deberá haber controles suficientes para que la ley tenga sentido. Que sirva para que las personas no tengan que adaptarse a la ropa, sino que la ropa se adapte a las personas”, dijo Rossi por Fm Del Pueblo.
