Tras la presentación realizada por José Luis César Jairo, quien denunció el contenido y los alcances del convenio colectivo de trabajo firmado por la ex gobernadora Rosana Bertone junto a los dirigentes de ATE, ATSA y UPCN en diciembre del año pasado; el Fiscal Virgilio Martínez de Sucre se expidió mediante el Dictamen F.E. Nº 01/20.
Cabe recordar que tras su asunción, el gobernador Gustavo Melella cuestionó la firma del documento, expresando que nunca vamos a ir en contra de un convenio colectivo, porque realmente tiene que ver con los derechos y la protección de los trabajadores y nosotros vamos en ese sentido, pero es muy extraño que a diez días de que un Gobierno se vaya se firme un convenio colectivo, permítanme tener mis sospechas».
En este sentido y tras las presentación por parte de Jairo, el Fiscal de estado indicó que “el Ministerio de Trabajo deberá proceder urgentemente a verificar de forma exhaustiva y acabada si el convenio colectivo celebrado el 28 de noviembre del corriente se ajusta al orden público vigente y al interés general, observando aquellas cláusulas que resultan repudiables a aquellos”, es una de las conclusiones volcadas por el Fiscal de Estado.
“Se advierten llamativas anomalías”, entre las cuales destaca que “se prescinde completamente del sistema de negociación establecido hasta ese momento “ Además “no intervienen los representantes paritarios ni se respeta el reglamento interno de la comisión aprobado tras extenso debate mediante resolución 201/19 y observado en líneas generales durante todo el expediente”. “Se forman expedientes administrativos independientes”. “Se desecha todo lo actuado hasta el momento y se propone un nuevo temario desde cero, a ser tratado fuera del ámbito de la cartera laboral, todo sin brindar ninguna explicación”.
Por otra parte, Martínez de Sucre expresa que “la reactivación de las comisiones paritarias se produce luego de más de cuatro años de no ser convocadas y a escasas semanas del recambio de autoridades provinciales” y donde “luego, al extenso acuerdo se arriba en un plazo no mayor a un mes, sin constancia del debate habido en el seno de las partes”.
Entre otro de los puntos, el magistrado pone de relieve la existencia de “evidentes defectos de redacción, repite la numeración de artículos para clausulas distintas, demuestra una estructura confusa que ubica indistintamente título dentro de capítulos y viceversa, por mencionar algunos de los vicios” y puntualizó que “queda claro que lo ocurrido no coadyuva a dotar de transparencia y legitimidad al proceso de negociación”.
También asegura que “el acto homologatorio del Ministerio de Trabajo y el decreto emitido por el Poder Ejecutivo exhiben claramente una serie de irregularidades que me convencen de la necesidad de llevar a cabo por parte de la administración una pronta revisión de lo actuado”.
En este sentido, Virgilio de Sucre establece que “el Ejecutivo deberá subsanar las omisiones incurridas en el decreto 4115/19 y someter la totalidad de las cláusulas que impliquen incremento del gasto corriente, impacto y/o modificación de partidas presupuestarias, incluyendo las que estime pertinente el Tribunal de Cuentas”.
En este marco, habrá que esperar la definición del gobernador Melella y cómo continuarán las negociaciones con los gremios estatales, a pocos días de realizarse las paritarias libres.
