El Gobierno nacional autorizó a los jefes comunales a fiscalizar que los comerciantes no excedan los precios máximos.
Debido a la crisis sanitaria, con efectos económicos, que causa la pandemia del coronavirus, el Gobierno Nacional decidió ampliar la emergencia pública, y “convocar a intendentes e intendentas de todos los municipios del país para fiscalización y control”. La Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo se reservará el derecho de sancionar ante incumplimientos, y también el organismo que deberá brindar asistencia técnica a las autoridades municipales para que fiscalicen.
El Secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, explicó en FM MASTER`S como se llevará adelante la normativa. «La municipalidad ha dispuesto un cuerpo de inspectores para hacer el relevamiento», dijo y agregó que «todos los comercios están obligados a tener una declaración jurada que indique como estaban los precios de los productos antes del 6 de marzo del corriente año».
«El proceso indica que los inspectores deben concurrir al comercio y revelar los productos predeterminados por la Secretaria de Comercio, luego compararlo con la declaración jurada», aclaró.
«La obligación es que los comercios retraigan sus precios a como estaban antes del 6 de marzo», aseguró. Los locales que deben informar son aquellos que se encuentren inscritos en la plataforma de precios argentinos pertenecientes y por el Decreto de Necesidad de Urgencia se incluyen a los almacenes de barrios, minimercados lo cual amplia el margo general previsto.
«La idea es comenzar por los distribuidores, mayoristas, y después seguir expendiendo el control al resto de productos alimenticios y de limpieza», aseguró.
Habrá distintas alternativas de multas, en principio sera la solicitud que el comerciante retraiga el precio, rever si lo cumplió, pero igualmente se informara cada uno de los relevamientos. «Si hay una reincidencia o negativa, se llegara a la clausura o retener la mercadería», apuntó finalmente.
