Los concejales realizarán este miércoles una nueva sesión especial para tratar los asuntos girados por el Ejecutivo y por la Presidencia del Concejo, todos vinculados a la emergencia sanitaria.
La sesión fue fijada a partir de las 14 en la sala de comisiones, de manera presencial aunque vedada al público por cuestiones de prevención.
El encuentro terminó de definirse durante el desarrollo de la comisión de Planeamiento y Obras Públicas, mediante videoconferencia este martes por la tarde.
En la sesión especial los ediles tratarán los proyectos que envió el Intendente para suspender el vencimiento de la RTO, una modificación a la ordenanza de emergencia sanitaria, la donación de test para la detección del COVID-19; y el decreto de Presidencia para establecer la metodología de trabajo por la vía virtual.
En tanto, este martes 21 de abril, el concejal Ricardo Garramuño, presidente de la comisión de Planeamiento y Obras Públicas, puso a consideración del Cuerpo más de 15 asuntos presentados por los bloques políticos y particulares, entre los cuales figuró, el pedido de informe al Ejecutivo sobre el traslado de las viviendas del barrio Cañadón, dispuesto por ordenanza municipal N° 5494, que establece la Emergencia Socio Urbano Ambiental de ese lugar.
Además, a pedido de la concejala Mariana Oviedo, los ediles le solicitarán al municipio que construya una plaza en un sector contiguo a la tira 20 del barrio Mirador del Olivia. “Sé que en el lugar los vecinos, de manera artesanal, hicieron algunas mejoras pero es necesaria la intervención del Ejecutivo ya que este barrio constituye una de las zonas de mayor densidad poblacional, y los espacios verdes son realmente una necesidad”, argumentó Oviedo.
Coparticipación Municipal
Además, los concejales acordarán la manera de reclamar al Gobierno provincial el pago de la deuda por coparticipación al Ejecutivo municipal.
Los ediles se mostraron preocupados por la deuda de coparticipación que mantiene el Ejecutivo provincial con el municipio, aunque expresaron diferentes puntos de vista sobre el reclamo.
“Es alarmante porque es una suma que asciende alrededor de 200 millones de pesos y que en su momento obligó al Municipio a reclamar la cancelación mediante carta documento, sin tener respuestas oficiales sobre la fecha de pago”, remarcó el concejal Juan Carlo Pino.
