Cuando una mujer decide denunciar la situación de violencia de género que vive se encuentra en un laberinto judicial, con falta de coordinación entre juzgados e instituciones, con ausencia de controles a victimarios, sin medidas de protección adecuadas.
Argentina es un país donde una mujer es asesinada en contexto de femicidio cada 30 horas, en promedio. Por lo tanto, hay hombres que, cada 30 horas, matan mujeres.
Dichas cifras, son personas. El femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada hace una semana por Matías Ezequiel Martínez (25) en la localidad bonaerense de Rojas, vuelve a poner otra vez en agenda las carencias del sistema judicial cuando se trata de situaciones de violencia de género.
El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín, Sergio Terrón, quien investiga el femicidio de Bahillo, lo reconoció ante la prensa el viernes último: «Evidentemente funcionó mal (el sistema judicial) porque si llegamos a este resultado, no podemos defender nada. Con lo que teníamos no alcanzó», manifestó.
¿Cómo hacemos para que alcance la justicia? Primero, «tomarse en serio las experiencias y la palabra de las mujeres», es lo esencial para Raquel Asensio, titular de la comisión de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN).
La funcionaria consideró que para que eso ocurra, operadoras y operadores de la justicia «deben capacitarse para evaluar el riesgo en que se encuentran quienes denuncian violencia de género, además de que se tomen en serio el deber de adoptar medidas apropiadas de protección».
Sobre todo «investigar seriamente» las denuncias para que se «sancione a los responsables y exista reparación a las víctimas».
Las capacitaciones «en serio» para quienes tienen la responsabilidad de aplicar justicia; hacer efectiva la amplia legislación sobre prevención y asistencia en violencia de género que hay en el país, es un reclamo de la abogada Soledad Deza.
La profesional tucumana, Deza, presidenta de la fundación Mujeres x Mujeres, enfatizó que la perspectiva de género «es seria, no se incorpora con una charla enlatada. Tiene que haber evaluaciones de competencia e impacto en las sentencias. Es urgente».
Además de que una mujer cuando llega a la instancia de denuncia se encuentra con que no hay personal capacitado para acompañarla, también comienza a transitar un laberinto judicial, porque la causa que se inicia tiene 2 instancias, una civil y una penal. Eso sólo es el principio: «Es muy difícil atravesar el laberinto de procesos, de instituciones, de formas y procedimientos», aportó Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
«Sin patrocinio jurídico para las mujeres en situación de violencia el acceso a la justicia es poco más que una consigna», indicó. Al tiempo que destacó que ese proceso «requiere de tiempos para el fortalecimiento emocional de las mujeres».
Lo mismo opinó Asensio, que pidió «una nueva forma de organización judicial, la cual permita un abordaje integral del problema. Ahora está totalmente fragmentado» porque los juzgados de familia» toman medidas de protección, pero los dispositivos preventivos son insuficientes y deficitarios, con nula o escasa vigilancia de su efectividad y acatamiento».
Además, «la justicia penal suele archivar, desestimar o minimizar las denuncias por incumplimiento. No se consideran esos incumplimientos como indicadores de incremento del riesgo y no se adoptan medidas de protección más efectivas», explicó la especialista de la DGN.
Paralelamente, es necesario aclarar que hay serias críticas a la efectividad de los escasos botones antipánico que existen porque, otra vez, la responsabilidad de cuidado recae en la víctima, que debe accionarlo si se siente en peligro. Sin embargo, a veces no funcionan porque ellas no tienen señal de Internet o entran en un lógico pánico.
De esta forma, se impulsa el uso de tobilleras en los violentos, las cuales se activan cuando se acercan a las víctimas, pero eso requiere de un monitoreo responsable que evite femicidios.
Deza agregó a este panorama que «tampoco se cita a los denunciados y eso los libera del control social y judicial, se les sobrecarga el impulso de la víctima de sus propias denuncias, quienes se exponen y quedan en desamparo del Estado cuando no se investiga con debida diligencia».
Asensio reforzó: «Los dispositivos preventivos son insuficientes y deficitarios, con nula o escasa vigilancia de su efectividad y acatamiento. Las órdenes de protección son incumplidas sin ninguna consecuencia tangible. No se aplican las sanciones» establecidas en el artículo 32 de la ley 26485, de Protección Integral a las Mujeres.
«En gran parte de la justicia penal se advierte falta de formación y empatía. No están familiarizados con la dinámica de las distintas formas de violencia de género ni preparados para evaluar el riesgo. Es más, incluso cuando se cuenta con informes interdisciplinarios que califican la situación como de riesgo algo o altísimo, se omite tomar medidas idóneas para la protección de las víctimas», aseveró.
