Por Fabiana Morúa. Clara es el pseudónimo para la mujer que tuvo que amamantar a su beba de meses en una plaza de Ushuaia a comienzo de año y hace menos de una semana tuvo que acatar un nuevo régimen comunicacional que no cuenta con el aval de la DPI.
Clara expresó: “Jamás hablé porque tenía miedo de perder mi trabajo –es empleada judicial-, pero se está yendo todo de las manos. Hoy estoy desesperada, iba a presentar un recurso el día lunes y hasta hoy no me responden los mensajes, pedí una protección de persona en el Juzgado de Familia y todavía no resolvieron nada”.
“Mañana es viernes y, seguramente, me van a notificar a última hora, como lo hacen siempre y no sé si me van a volver a sacar a mi hija”.
Continúo: “Estuve cumpliendo con el régimen comunicacional desde febrero que me mandaron a amamantar a Ushuaia por una disposición de un juez penal. Debería intervenir un juez de familia, tengo un régimen comunicacional apelado porque un juez me ordenada que tenía que entregar a mi hija personalmente en el shopping por si había nuevos hechos de violencia y sea visto por más personas, que no sea solo la familia”.
“Mi hija, para aquel entonces, no caminaba. Entonces el juez me exponía a que vaya a darle a la nena personalmente. Estuve personalmente en el shopping, cumplí con esa modalidad un tiempo, hasta que me fui a Buenos Aires derivada con mi mamá que la operaron de la columna”; declaró Clara.
Luego, relató que, “cuando vuelvo de Buenos Aires, en Tierra de Fuego estaba dispuesto el aislamiento obligatorio, una semana antes que se dispuso a nivel nacional; pero viajé de Buenos Aires para Ushuaia el mismo día que acá disponen el aislamiento a nivel nacional y me toma el decreto nacional en la ruta, viniendo de Ushuaia para Río Grande porque mi mamá tenía domicilio acá”.
“Me hicieron bajar en Tolhuin y firmé que donde me agarren las 12 de la noche me tenía que quedar para hacer la cuarentena obligatoria. Fueron como 3 o 4 meses que las rutas estuvieron cortadas. Todo ese tiempo, el padre –empelado judicial- fue a la policía a denunciarme y hacer exposiciones por impedimento de contacto que, incluso, ni los padres si quiera viviendo en la misma ciudad, podían trasladar un niño de una casa a otra”; agregó. Al tiempo que sostuvo: “Imaginate como me armaron la causa penal”.
Hasta que comenzó la pandemia y la cuarentena obligatoria en marzo de 2020: “Él tenía una exclusión del hogar, la cual conseguí después de haber denunciado 4 veces por violencia de género, pero el juez me obligaba a vivir en la casa con él. Llegaba de la comisaría a la madrugada con 2 policías para sacar los pañales de mi hija de la casa y me tenía que ir; después de denunciarlo”; remarcó.
“Después de eso; hace 2 años estoy con todo esto, la edad de mi hija; estoy tan cansada de hablar con políticas de género de la provincia, de la municipalidad de Río Grande y Ushuaia, de nación. Me han llamado de varias organizaciones, se han cansado de escucharme, me dijeron que me iban a ayudar, jamás me dieron una mano. Estoy desesperada porque hay tanta manipulación, tanto manoseo; está en riesgo la salud de mi hija, estoy por el piso, ya no tengo fuerzas de nada”; describió.
Sostuvo que, “cuando pasó la primera cuarentena, él tenía la exclusión de hogar; entonces, el juez ordenó que, como yo me encontraba en Río Grande y él estaba Ushuaia porque dijo que vivía de prestado, lo autorizó nuevamente a ir al domicilio. Lo hace bajo la condición que, cuando yo retornara a Ushuaia, él tenía que hacer abandono de la casa 24 horas previas; estábamos en plena pandemia”.
A su vez, indicó que “me encontraba excluida de trabajar porque estaba dentro del grupo de riesgo porque amamantaba. Después de unos meses se levanta esa restricción, quienes amamantaban podían ingresar a trabajar y es donde pido un permiso de circulación para viajar a Ushuaia. A él lo tuve que notificar mediante carta documento para que haga abandono de la casa y eso lo cumplí. Es así como me dispongo a viajar un sábado dado que el lunes ingresaba a trabajar”.
“Cuando llego a la casa, él se encontraba atrincherado con su familia, con menores; llegué como a las 11 de la mañana y me tenía que encontrar con la casa vacía. Finalmente, lo logra sacar la fuerza pública a las 23 horas. Estuve en el auto con mi bebé desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, esperando que saquen al padre de la casa; tampoco podía irme a algún hotel porque estaba todo cerrado”.
Clara manifestó que “él no se quería ir, se rehusó, incluso tuvo inconvenientes con la policía y por el nivel de violencia que había suscitado ese día, la policía le solicitó al juez que me ponga consigna policial por 10 días en la puerta de mi casa. El mismo día que me levantaron la consigna policial, el juez me manda una notificación diciendo que siga cumpliendo con el régimen comunicacional que estaba establecido: Que vaya al shopping, aún con todas las causas de violencia más los últimos hechos que habían sucedido, para entregar a la nena. Me negué y pedí, por favor, que revean la modalidad porque no quería exponerme a más situaciones de violencia y que mi hija sea entregada por un tercero o por comisaría; el juez no me respondió, me intimó con una multa de $5000, apelé y volví a pedir que revean mi situación, que no me expongan a más situaciones violentas. No responde el juez, me ponen otra multa y me embargan el sueldo por $40.000 –el año pasado-. Apelo a esa circunstancia y, desde el año pasado hasta ahora, la causa del régimen comunicacional está en Cámara de Apelaciones, todo lo que sale es un incidente de lo que hay”.
“Mientras yo apelo a estas circunstancias por las multas, se suceden nuevos hechos de violencia donde él iba hasta el domicilio, aún con prohibición de acercamiento, a patotearme acompañado de la familia, me filmaban, me hostigaban, me hacían denuncias falsas para que esté constantemente la policía en mi casa”; detalló Clara.
Por ello, “denuncio un nuevo hecho de violencia, fui un viernes a la oficina de género de Ushuaia y llaman para poner en conocimiento a los policías, al Juzgado y desde ahí les dan la orden que no me tomen más denuncias porque todas las actuaciones que tenga que hacer las haga los días hábiles con mis abogadas, allí quedé totalmente desprotegida”; relató.
De esta forma, comenta que “desde julio del año pasado hasta febrero de este año, el papá de mi nena jamás se intentó poner en contacto conmigo ni por mis abogadas ni terceros para ver a la nena; pero se encargó de seguir denunciándome por impedimento de contacto, de realizarme denuncias, sabiendo que me encontraba en Río Grande, me hizo una causa penal por impedimento de contacto”.
Aclaró que “el juez de familia tiene todas las denuncias por violencia de género; tengo una demanda iniciada; tiene 9 causas mías en trámite; tiene causas de violencia de género de su primera mujer con quien tiene una nena y también tuvo las mismas medidas vigentes hasta el mes pasado, de prohibición de acercamiento, de abstenerse de contacto”.
“Siempre me notifican los viernes después de hora para que yo no pueda presentar ningún recurso. Esto sucede en febrero; el lunes apelo -presentó un recurso-, cumplo el domingo en entregar a mi hija a su padre”.
Al apelar para que revean la situación y aclarar que la beba es lactante: “El viernes siguiente me ponen una resolución que me notifican a la tarde y como soy lactante me pidieron que me traslade a Ushuaia, tenía que entregar a mi nena el viernes a las 17 horas y me la devolvían el domingo a las 19 horas. Como aclaré que soy lactante me dijeron que tenía que ir a amamantar a la comisaría de género de Ushuaia por el transcurso de una hora. Cumplí esa modalidad y estuve en la comisaría con la custodia de 2 policías que tenían la orden de detenerme si me llevaba a mi hija”.
“La resolución judicial/penal iba a estar vigente por 90 días hasta que intervenga un juez de familia y cambie la modalidad. Me dispuse a trasladarme a Ushuaia, hablar con el juez de familia y consultar porque no habían resulto todo esto; modifica el régimen y deja establecido solamente los domingos de 12 del mediodía hasta las 19 horas con supervisión de la transferencia de la nena y lo deja de encargado a la DPI -Dirección de Protección de la Infancia de Gobierno-; serían los ojos del juez. Ellos se encargan de hacer informes, de la revinculación; están facultados de suspender el régimen ante cualquier signo de angustia de la bebé o hacerlo más beneficioso y progresivo porque todo tiende a que la nena se vaya a Ushuaia con el padre”; determinó.
Aseguró que “cumplí todos los domingos por 2 meses y, a mediados de abril, no sé qué hechos sucedieron dentro de la DPI con el padre de mi hija porque me hacían dejar a la nena cuando se daba vuelta debía irme, suspenden el régimen y comunican que se va a implementar una nueva modalidad, presenté informes más de 5 con 98 fojas”.
“El papá de mi hija apeló e impugnó todos los informes y, dentro de la modalidad nueva que establecía la DPI, tenía que presentar a 3 referentes afectivos y el papá de mi hija 3 personas más para no exponerme a más hechos de violencia ni que sean expuestas las personas que yo designe para entregar a la nena. El padre dejó plasmado por escrito que no iba a cumplir ninguna otra modalidad que se modificara, todo está en el expediente. La DPI dijo que no podía continuar con el régimen de visitas porque el padre no tenía colaboración, se puso en conocimiento al juez y este intimó a la DPI en 3 oportunidades para que reestablecieran el vínculo”.
Motivo por el que “notifican e intiman a la DPI para que abran las puertas de las oficinas para que deje a mi hija bajo procedimiento que cada vez que no abran las puertas iban a recibir una multa de $100.000; mientras que a mí, si no llevaba a la nena a la comisaría, me iban a retirar a la nena por policía en la puerta de mi casa”.
“No le impido el contacto con mi hija, quiero que la revinculación sea lo más sana posible. Aunque en el último hecho que me hacen entregar a la nena compulsivamente, el juez ni siquiera tuvo en cuenta todas las constancias que estaban en el expediente donde dice que me encontraba derivada en Buenos Aires con mi nena, del 9 al 29 de mayo. El padre está notificado y sin prejuicio de eso vino todos los domingos, desde que se suspendió el régimen, a denunciarme por impedimento de contacto y le hicieron lugar”; sostuvo Clara.
“Para ese entonces, la DPI dijo que iban a abrir la puerta solo para que no los multen, pero que no iban a consentir toda esta irregularidad del juez, de cómo se estaban sucediendo los hechos. Además, las oficinas de la DPI fueron allanadas y le retiraron el expediente/legajo de mi hija de las oficinas; situación que nunca pasó en la Provincia”; expresó.
Actualmente, se encuentra viviendo en la casa de su madre con su hija. En Ushuaia dejó todo, su casa, su auto; el padre de la nena se quedó con todo: “Estuve legalmente casada con él, todas las acciones de violencias que hizo fueron para sacarme de la casa y que yo me fuera. Me enviaron de la DPI una presentación que se hizo en el Juzgado de Familia para que evalúen todo el avasallamiento y de la violencia institucional que se da conmigo en este último tiempo”; agregó.
“Este fin de semana, seguramente, bajo las condiciones que el juez me impuso y caprichosamente pidió el padre voy a tener que hacer entrega de mi hija porque ni de oficio han velado por el interés superior del niño y como madre me encuentro atada de todos lados”; concluyó.