Argentina cuenta con una herramienta fundamental para la protección de los bosques: la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007 con el objetivo de planificar el uso de estos ecosistemas y lograr equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Sin embargo, en todos estos años, su implementación ha sido parcial y nunca contó con el total del presupuesto que debería asignarse, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración.
El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año 2022 ha sido presentado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en el Congreso de la Nación. En su Artículo 18, determina que se asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $ 1.212.415.000 (mil doscientos doce millones cuatrocientos quince mil pesos) y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $120.000.000 (ciento veinte millones de pesos). Sin embargo, el presupuesto estipulado corresponde apenas al 3% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente.
En su artículo 31, la Ley de Bosques estipula que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos estará integrado por las partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0.3% del presupuesto nacional. Ese 0.3% para 2022 debiera ser de 40.009 millones de pesos, una cifra que difiere bastante de los 1.212 millones estipulados en este proyecto.
El Fondo también debería recibir el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
A pesar de contar con esta Ley, los bosques nativos delo país siguen sufriendo grandes modificaciones producto del cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales.
En el “Diagnóstico actualizado del estado de implementación – Ley N° 26.331” publicado el año pasado y elaborado Fundación Vida Silvestre y FARN, se realiza una revisión histórica desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos y se identifican los principales problemas de su implementación, entre los cuales se destacan:
- La desfinanciación sistemática de la Ley: desde su sanción no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece, y la Ley recibió mucho menos del 10% de lo que le correspondería.
- El 50% de la deforestación es ilegal: si bien con la Ley de Bosques Nativos se ha dado una baja progresiva en la tasa anual de la deforestación en Argentina, en 2018 el 50% de la deforestación fue en zonas rojas o amarillas. Esto es evidencia de que parte de la pérdida de bosques nativos responde a prácticas ilegales, consecuencia de niveles de control y fiscalización bajos, y de sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes.
- Pocos Planes de Manejo, Conservación y Formulación: aún es muy baja la superficie de bosques nativos bajo estos planes y existe gran dificultad de acceso a dichos planes por parte de los sectores más relegados y vulnerables, como son los pueblos originarios y campesinos, que viven y dependen del bosque.
Reducir la deforestación también es parte de las soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático.
