En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Fundación Argentina de Recursos Naturales analiza las implicancias para nuestro país y el rol de Tierra del Fuego para evitar el colapso ambiental.
Durante la esta edición de la Conferencia del Clima (COP26) en la ciudad escocesa de Glasgow, Reino Unido, el eje de las conversaciones se puso sobre la necesidad de generar herramientas y mecanismos de financiamiento para los países en vías de desarrollo, por parte de aquellos que más han contribuido a la crisis climática en un intento por alcanzar un compromiso global frente a un escenario concreto pero compuesto por realidades diversas, ambientales y sobre todo socioeconómicas.
Catalina Gonda es bióloga e investigadora científica. Se especializa en temas de adaptación al cambio climático y en que la ciencia participe en la toma de decisiones. Fue parte de la delegación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) a la COP 26 y en diálogo con El Rompehielos compartió sus impresiones sobre los acuerdos alcanzados durante la cumbre climática.
Considerando que Argentina está entre los 30 países que más emisiones de gases de efecto invernadero generan, deberá -al igual que los otros países- cumplir con los compromisos asumidos. El “detalle” es que somos un país en desarrollo.
En relación con la necesidad de la implementación de políticas climáticas urgentes, Gonda explica que “cualquier país desarrollado o en vías de desarrollo, tiene que impulsar medidas de adaptación al cambio climático. Este es un componente que muchas veces se olvida, pero que es fundamental para la ambición climática. El cambio climático no es cosa del futuro, entramos en una etapa en la que ya estamos sufriendo muchos impactos, daños y pérdidas, que van a aumentar en los próximos años a pesar de que logremos reducir nuestras emisiones” señala.
“Argentina tiene que implementar medidas de adaptación, en paralelo con mayores esfuerzos de mitigación, que son dos caras de la misma moneda. Cuanto más logremos limitar el aumento de la temperatura media global, menores serán los efectos negativos del cambio climático y por lo tanto menos lo que tengamos que invertir y enfocar en adaptación” enfatiza.
Para la investigadora, “las provincias son clave a la hora de diseñar la política climática e implementarla en sus territorios, y por lo tanto deberían tomar un rol de liderazgo y comprometerse seriamente con esta agenda, que hoy ya las afecta y compromete la salud y bienestar de sus poblaciones. Hoy en día existen distintos espacios como Mesa de Articulación Provincial del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que son clave para la articulación federal en materia de cambio climático”.
“Lo que ocurrió en Tierra del Fuego marcó un precedente importantísimo para el resto de las provincias y el mundo”, apunta Gonda sobre la decisión de prohibir la instalación de la industria salmonera en el Canal Beagle con el objetivo de proteger el patrimonio natural y el empleo generado por el turismo de naturaleza. Para la bióloga, este ejemplo “da cuenta del poder de la ciudadanía en un contexto de participación, análisis y debate público – para tomar decisiones que no solo son importantes para el ambiente sino también para la economía provincial y la salud de las personas, y que abren las puertas para nuevos tipos de inversiones, más sostenibles y que favorecen genuinamente el desarrollo local.”
Cabe señalar que este año existe la posibilidad de que después de 30 años se apruebe el proyecto de ley que crearía el Área Natural Protegida Península Mitre, el mayor punto de captura de carbono del país y uno de los pocos ecosistemas marinos del mundo que no se ha visto impactado por el hombre.
Pero, ¿qué es lo que está en juego en esta #COP26 para nuestro país?
Para la representante de FARN “una de las prioridades para nuestro país es justamente el financiamiento climático, y en particular aquel vinculado a la adaptación. Históricamente estos temas han sido centrales en la posición Argentina en las negociaciones, que por lo general es bastante constructiva, pero que a veces no deja de defender los intereses de algunos de los sectores más contaminantes.”
Consultada sobre la propuesta del presidente Alberto Fernández sobre la creación de un sistema de «canje de deuda por acción climática» para conseguir la descarbonización de la economía mundial, Gonda considera que “sin dudas es interesante, pero todavía necesitamos tener más claridad y un debate amplio respecto a qué implicaría este canje, cuáles serían las acciones concretas que entrarían bajo este enfoque y cuáles sería los mecanismos de transparencia y participación asociados, entre muchas otras cosas. Hasta el momento, el Gobierno no ha dado detalles de la propuesta, así que no podemos explicar aún cómo funcionaría exactamente”.
En el año 2009, los países desarrollados prometieron que en 2020 iban a movilizar al menos USD 100.000 millones al año para apoyar a los países más vulnerables en la implementación de medidas de adaptación y mitigación. Este compromiso también se menciona y fue central a la hora de negociar el Acuerdo de París. Sin embargo, hoy sabemos que los países ricos nunca llegaron a cumplir con este compromiso. “De hecho -explica la investigadora- un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muestra que en el año 2019 solamente se brindaron USD 79.600 millones, bastante menos que la cifra anual que se prometió y se estima que en 2020 la cifra fue menor”, explicó.
Nunca llegó la ayuda para los países en desarrollo, “esto generó mucha desconfianza y es algo que se hace evidente en el ámbito de las negociaciones de la COP26. Este tema es central en las conversaciones sobre cambio climático, porque tiene que ver con la contribución histórica de las economías más grandes en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero.”
Reconstruir esta confianza es sin duda una pieza importante para que “en esta COP los países desarrollados demuestren que van a saldar esta deuda lo antes posible, con un plan claro para extender su compromiso de brindar al menos USD 100 mil millones anuales a 2025, e iniciar las conversaciones respecto a los objetivos de financiamiento más allá del 2025”, resalta la investigadora.
Paradójicamente, quienes hoy tienen que pagar el precio más alto por esta crisis global son los países que menos contribuyeron al problema. Tienen que desarrollarse en el marco de un nuevo paradigma de sostenibilidad ambiental y bajas emisiones. “Los países ricos tienen la responsabilidad moral de apoyar y financiar la descarbonización y adaptación al cambio climático del sur global, para poder cumplir con los objetivos del ‘Acuerdo de París’”, considera Gonda.
