Hoy, el fiscal federal Diego Luciani pidió la inhabilitación perpetua para ocupar cargos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de todos los ex funcionarios acusados en la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Además, solicitó que sea condenada a 12 años de prisión y el decomiso de $5.321 millones, monto en el cual, según estimó su par Sergio Mola, se defraudó al Estado.
El fiscal consideró que la exmandataria fue la «jefa de la asociación ilícita» a la que se acusa, además de haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública.
Luciani sostuvo que Cristina y los demás acusados llevaron adelante «la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país».
En esa línea, acusó a la 2 veces presidenta de la Nación de actuar con «ánimo de lucro y codicia».
