En medio de disputas políticas y reclamos sindicales, la Cámara alta ajustó sus haberes un 1,3% retroactivo a marzo, con repetición en abril y mayo, bajo el mecanismo atado a los salarios de los empleados legislativos.
El aumento en las dietas de los senadores nacionales vuelve a generar controversia. A partir del próximo mes, los integrantes de la Cámara alta percibirán más de $9,5 millones brutos, tras un incremento del 1,3% retroactivo a marzo, que se replicará en abril y mayo. Este ajuste, acordado en la última paritaria de los trabajadores del Congreso, fue avalado por los presidentes de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, y mantiene el esquema vigente desde abril de 2024, cuando oficialismo y oposición pactaron en secreto un nuevo sistema de cálculo.
La estructura salarial de los senadores se compone de 2.500 módulos -equivalentes a los de los agentes legislativos-, más 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, con excepción de cuatro legisladores que no reciben este último adicional. Además, en 2024 se agregó una «dieta compensatoria» en reemplazo del aguinaldo, una medida de la que sólo se excluyó la senadora Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación.
El tema no estuvo exento de tensiones. A fines de 2024, los bloques acordaron congelar los haberes hasta diciembre, plazo que luego extendieron hasta marzo pasado por decisión de Villarruel. Sin embargo, la vicepresidenta advirtió que cualquier nueva definición debía surgir del recinto, en un contexto donde el kirchnerismo se desmarcó: «Nos hartaron. Que hagan lo que quieran», expresó un legislador cercano a José Mayans, mientras otro aliado de Cristina Kirchner cuestionó la falta de acuerdos entre el oficialismo y los sectores dialoguistas.
El debate por las dietas se da en paralelo al reclamo de gremios como la APL, liderada por Norberto Di Próspero, que presionó para reabrir las paritarias. Curiosamente, fueron legisladores opositores quienes presentaron notas a Menem y Villarruel para destrabar las negociaciones, un rol que tradicionalmente corresponde a los sindicatos.
Mientras tanto, la gestión administrativa del Senado enfrenta incertidumbres. La renuncia no oficial del secretario Emilio Viramonte Olmos, quien aún no fue reemplazado, y las críticas hacia designaciones polémicas en la órbita de Villarruel añaden complejidad al escenario. En Diputados, Menem observa con distancia un panorama que, en su Cámara, se ve opacado por la falta de transparencia en la difusión de resoluciones, una práctica histórica que trascendió gobiernos de distintos signos.
El aumento salarial reaviva así un debate recurrente: la relación entre los ajustes legislativos y la realidad económica de los trabajadores, en un marco donde las decisiones parecen depender más de acuerdos políticos que de mecanismos de control público.
