La legisladora de La Libertad Avanza advirtió sobre la falta de controles en la obra social y rechazó aprobar una «inyección de fondos» sin garantías de reformas estructurales.
En medio de la creciente crisis financiera de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), la legisladora Natalia Graciania (La Libertad Avanza) exigió explicaciones concretas sobre el manejo de los recursos y rechazó avalar un «cheque en blanco» para solventar el organismo sin antes garantizar cambios profundos en su administración. Sus declaraciones surgieron en respuesta a la protesta de ATE, que instaló una carpa frente a la Legislatura en reclamo de soluciones urgentes.
Graciania, por FM Master’s, señaló que, pese a los reiterados aportes estatales, OSEF «siempre cae en la misma situación de crisis. Hemos visto que se le ha inyectado dinero y no hay resultados. Esto no se resuelve solo con fondos, sino con una gestión transparente», afirmó. La legisladora cuestionó el proyecto presentado por el oficialismo, que propone una «partida presupuestaria extraordinaria» sin detallar montos ni origen de los recursos: «No podemos votar sin conocer los números. Es dinero público y los fueguinos merecen claridad».
Además, denunció contradicciones en el gasto de la obra social: «Mientras los afiliados reciben $4.000 diarios para tratamientos fuera de la provincia -sumas insuficientes-, se aprueban viáticos de $70.000 para capacitaciones internas. No es ilegal, pero es inmoral». También mencionó la incorporación de planta política en plena crisis, lo que, a su juicio, refleja «falta de ajuste en gastos corrientes».
Graciania insistió en que el directorio de OSEF y el Ministerio de Economía deben comparecer ante la Legislatura para explicar la deuda con prestadores, como los acompañantes terapéuticos, que llevan seis meses sin cobrar, y justificar la solicitud de fondos. «Sin esa información, no hay dictamen posible. No parchemos el problema para discutir lo mismo en tres meses», advirtió.
Sobre la protesta de ATE, la legisladora reconoció la «preocupación legítima» pero aclaró que la solución depende de decisiones políticas aún pendientes: «El gobierno provincial y el directorio no han sabido resolver esto. Necesitamos un debate serio, con datos concretos, no anuncios abstractos».
Finalmente, confirmó que la próxima sesión legislativa aún no tiene fecha y que, sin avances en la discusión de los proyectos, incluido uno del oficialismo que plantea un «fondo de contingencia» sin precisiones, la crisis podría prolongarse. «La sociedad fueguina exige respuestas, no parches», concluyó Natalia Gracianía.
