La legisladora de Forja reconoció que la norma aprobada es un avance parcial, pero insuficiente para resolver el déficit estructural del sistema. Criticó la falta de consensos para implementar aportes progresivos.
En una entrevista con FM Master’s, Myriam Martínez (Forja) analizó en profundidad la reciente sanción de la Ley para el Sostenimiento de OSEF. Aunque destacó aspectos como la incorporación obligatoria de todos los empleados estatales y la creación de fondos específicos, admitió que el texto no logra solucionar la crisis financiera de la obra social.
La legisladora recordó que el proyecto original se trabajó durante meses con sindicatos, jubilados, efectores privados y el Ministerio de Salud, e incluyó auditorías del Tribunal de Cuentas y aportes de la Universidad Nacional de Cuyo. «Cuando dicen ‘este no es el proyecto original’, obviamente no lo es: tuvo modificaciones porque para eso lo trabajamos», explicó.
Sin embargo, señaló que la falta de acuerdos políticos impidió medidas clave, como incrementar los aportes de salarios altos y funcionarios. La propuesta del oficialismo planteaba gravar con un 6% el excedente de salarios superiores a $2 millones (en lugar del 3% actual) y aplicar un 3% adicional a cargos políticos. «No hubo avance porque muchos tenían este mensaje de ‘no tocar el bolsillo de los trabajadores’. Nosotros no pretendíamos afectar a quienes ganan menos de $2.5 millones», argumentó.
La norma finalmente mantuvo el esquema actual, aunque extendió la obligatoriedad a bancarios, fiscalías y entes de control que antes elegían otras obras sociales.
Martínez anticipó que el tema volverá a tratarse en noviembre, durante la discusión del presupuesto 2026: «Vamos a tener que rever la situación económica, financiera y la gestión de OSEF».
Cuestionó especialmente la resistencia a declarar la emergencia del sistema, pese a una deuda de $20.000 millones: «Si esto no es emergencia, ¿qué lo es? Van a estar 10 años pagando esa deuda con los recursos actuales».
Entre los avances, resaltó la creación de un fondo para enfermedades de alto costo (con el 75% del Fondo de Asistencia Previsional) y otro para deudas, financiado con el 4.5% de Ingresos Brutos de efectores privados.
No obstante, admitió problemas persistentes, como la compra de medicamentos, donde Autofarma es «la única farmacia con espalda para dar crédito», y la atención en la Clínica San Jorge de Ushuaia, que sigue sin normalizarse. «El enfermo termina pagando consultas de $50.000 o recurriendo al hospital público», lamentó.
Sobre las críticas al directorio de OSEF, Martínez las relativizó: «Te puede gustar o no su gestión, pero dieron intervención al Tribunal de Cuentas para auditar el sistema». Rechazó, además, las acusaciones de opacidad: «La obra social es auditada. Si no tenés recursos, no podés evaluar si la gestión es buena o mala. Es como querer comprar mercadería sin plata».
La entrevista cerró con un llamado a priorizar la unidad política ante las elecciones legislativas de octubre, aunque Myriam Martínez evitó profundizar: «Me he abocado a resolver lo de OSEF; no era momento de hablar de candidaturas». Su mensaje final fue una advertencia: «Si el gobierno nacional logra mayoría en el Congreso, los que más sufrirán serán los jubilados y quienes esperan mejorar su situación laboral».
