La secretaria de Gobierno de Tolhuin advirtió que las decisiones inconsultas perjudican las finanzas municipales y benefician a grandes deudores, mientras la mayoría de los contribuyentes cumplidores son familias vulnerables.
En una crítica directa al Concejo Deliberante de Tolhuin, Ana Paula Cejas, secretaria de Gobierno municipal, denunció que el cuerpo legislativo local sanciona ordenanzas «de manera irresponsable», sin consultar datos oficiales ni evaluar el impacto real en las arcas públicas. La funcionaria aseguró que estas decisiones, como el reciente «Régimen Especial de Regularización», favorecen principalmente a grandes deudores mientras ponen en riesgo servicios esenciales y respuestas sociales para los vecinos.
«Lo que lamentablemente nos está sucediendo como institución municipal es que estamos observando desde hace un tiempo, desde principio de año, que el Concejo Deliberante sanciona una serie de ordenanzas sin tener información fidedigna, sin hacerlo de una manera responsable», afirmó Cejas en diálogo con FM Master’s. Subrayó que los concejales actúan «sin ningún tipo de datos, sin tener conocimiento de la realidad financiera del municipio», y destacó que «jamás se nos ha llamado a una mesa de trabajo» para analizar alternativas.
La secretaria detalló que el municipio ya realiza un mapeo de deudores y recaudación: «Un 20% de lo que recauda el municipio son precisamente los barrios municipales, los contribuyentes que forman parte de los barrios creados por el municipio, y el 80% de los deudores son precisamente contribuyentes que son grandes tenedores de tierra». Según explicó, quienes cumplen con los pagos son «trabajadores comunes, familias, inclusive las familias más vulnerables», mientras los incumplidores suelen estar «por fuera de ese sector».
Cejas vinculó esta situación con el deterioro de la capacidad estatal: «Nos preocupa este favoritismo que está teniendo el Concejo Deliberante de buscar dar oportunidades a estos sectores (grandes deudores) y no de sentarse a trabajar seriamente».
Alertó que, en un contexto de demandas salariales y necesidades sociales urgentes, estas medidas agravan la crisis: «¿Cómo hace el municipio para cubrir todas esas necesidades que tiene la población? Si de la noche a la mañana, de manera irresponsable, un grupo de personas se reúne para votar una venganza perdonando a los grandes tenedores de tierra de cumplir con sus obligaciones».
La funcionaria insistió en que el problema no es la moratoria en sí, sino la falta de rigor: «El Concejo Deliberante sanciona ordenanzas sin tener ningún tipo de información y sin ir a la fuente para obtener esa información, que es el municipio». Remarcó que, sin diagnósticos claros, las decisiones terminan «perjudicando a la caja municipal», recursos que se destinan a servicios esenciales y problemáticas de los vecinos.
