Con amplias mayorías, la Cámara alta repuso la vigencia de dos leyes clave: la emergencia pediátrica, que refuerza recursos al Hospital Garrahan y al sistema de salud infantil, y el financiamiento universitario. La oposición mostró unidad y dejó al Gobierno ante otra derrota legislativa.
El Senado convirtió en derrota política para el oficialismo el intento de Javier Milei de frenar dos leyes sensibles. Con más de dos tercios de los votos, la Cámara alta rechazó los vetos presidenciales y restituyó la emergencia pediátrica y la ampliación presupuestaria para universidades públicas.
La norma que declara la emergencia pediátrica recibió 59 votos afirmativos, contra 7 negativos y 3 abstenciones. La vinculada a las universidades consiguió 58 apoyos, también con 7 rechazos y 4 abstenciones. El resultado reflejó un bloque opositor consolidado frente al Gobierno.
El texto sanitario obliga a la asignación inmediata de recursos para medicamentos, insumos, infraestructura y personal pediátrico. Además, declara al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en atención de alta complejidad infantil.
También contempla la recomposición de salarios para médicos, residentes y personal de salud, que no podrá ser menor a lo percibido en noviembre de 2023. Se suma la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen guardias, horas extras o tareas críticas.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal de la medida en el segundo semestre rondará los 65 mil millones de pesos. Pese a las críticas oficiales, la mayoría legislativa defendió la necesidad de sostener la atención pediátrica.
En paralelo, la ley universitaria dispone aumentos bimestrales en 2024 y actualizaciones automáticas a partir de 2025, atadas a la inflación. El objetivo es garantizar el funcionamiento de las casas de estudio en un escenario de ajuste presupuestario
Asimismo, se ordena recomponer los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023, con aumentos nunca inferiores a la inflación. La ley exige paritarias obligatorias cada tres meses, con ajustes mensuales que acompañen el índice de precios.
El debate concluyó con fuertes cruces. La oposición acusó al Gobierno de insensibilidad frente a sectores vulnerables, mientras que referentes libertarios denunciaron un “uso político” del Garrahan. El choque dejó en evidencia la tensión creciente entre el Congreso y el Ejecutivo.
