El Parlamento uruguayo se convirtió en el primero de América Latina en despenalizar y establecer un procedimiento para la eutanasia, garantizando el derecho a transcurrir dignamente el proceso de morir para adultos en condiciones específicas.
El Senado de la República Oriental del Uruguay sancionó una normativa que consagra el derecho a una muerte digna, posicionando a ese país como el primer territorio de la región en contar con una ley de eutanasia.
La iniciativa, respaldada tras extensos debates multipartidarios, se centra en garantizar la autonomía de las personas para decidir sobre el final de su vida, siempre que se encuentren en situaciones de padecimiento insoportable.
La ley define la eutanasia como un procedimiento médico, aplicable bajo estrictos requisitos, destinado a provocar la muerte de un paciente que así lo solicite de manera válida y reiterada.
Para acceder a este derecho, la persona debe ser mayor de edad, psíquicamente apta, padecer una patología incurable en fase terminal y sufrir un grave deterioro de su calidad de vida con dolores considerados insoportables según su propia percepción.
El procedimiento establecido es minucioso y consta de varias etapas diseñadas para verificar la voluntad libre e informada del solicitante.
El proceso se inicia con una petición personal y escrita dirigida a un médico actuante. Este profesional debe controlar que se cumplan las condiciones de salud, informar sobre tratamientos y cuidados paliativos disponibles, y someter el caso a una segunda opinión médica independiente.
De persistir la solicitud, se realiza una segunda entrevista donde el paciente ratifica su decisión ante testigos. Solo tras estos pasos, el médico procede en el lugar y momento definidos por el paciente.
La normativa incluye la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, quienes pueden ser sustituidos, y establece que la voluntad del paciente es revocable en cualquier momento sin formalidades.
Una vez concretado el acto, se comunica al Ministerio de Salud Pública y, en caso de detectarse irregularidades, a la Fiscalía.
