Tras un extenso y atravesado debate, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó la ley que habilita el desarrollo de la acuicultura en la provincia, una decisión que el oficialismo y sectores de la oposición presentaron como un paso hacia la diversificación de la matriz productiva y la generación de empleo.
La norma deroga la Ley Provincial N.º 1.355, sancionada en 2021, que prohibía la actividad acuícola en todo el territorio fueguino. El proyecto fue impulsado por el legislador de La Libertad Avanza, Agustín Coto, y contó con acompañamiento de distintos espacios políticos. El gobernador Gustavo Melella ya había anticipado su respaldo a la iniciativa meses atrás, al señalar la necesidad de compatibilizar el cuidado ambiental con la creación de puestos de trabajo.
La ley mantiene la prohibición de desarrollar la actividad en el Canal Beagle, pero habilita su implementación en otros cuerpos de agua de la provincia, tanto marítimos como continentales, lo que abre el escenario a futuras inversiones bajo un esquema que deberá ser reglamentado por el Ejecutivo.
Desde el oficialismo y sectores que acompañaron la norma se argumentó que Tierra del Fuego cuenta con condiciones naturales favorables para el desarrollo de la acuicultura, en particular para el cultivo de salmónidos, como truchas y salmones, actividad que ha crecido de manera sostenida a nivel global.
En ese sentido, se citan informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que señalan que la acuicultura es uno de los sectores alimentarios de mayor crecimiento en lo que va del siglo XXI, y que presenta, en términos generales, un menor impacto ambiental que otras formas de producción de alimentos, como la pesca extractiva o la ganadería.
También se mencionan estudios de Fundar que advierten sobre la pérdida de participación de Argentina en las exportaciones mundiales de productos pesqueros, pese a su competitividad natural, y señalan el bajo desarrollo de la acuicultura como uno de los factores que explican esa situación, en contraste con países como Chile.
La sanción de la ley se da en un contexto económico complejo para la provincia, atravesado por la caída de la actividad en distintos sectores y los cuestionamientos al régimen de promoción industrial establecido por la Ley 19.640. En ese marco, la diversificación productiva aparece como uno de los ejes del debate político y económico.
Desde los bloques que respaldaron la iniciativa se destacó que la acuicultura podría generar empleo directo e indirecto, asociado a actividades como investigación y desarrollo, servicios especializados, procesamiento, logística y mantenimiento, aunque también se subrayó la necesidad de controles estrictos y una supervisión estatal efectiva para evitar impactos ambientales no deseados.
La implementación de la norma y su reglamentación serán ahora claves para determinar el alcance real de la actividad y su impacto económico, social y ambiental en Tierra del Fuego.
