La Dirección General de Aduanas secuestró automóviles de alta gama que habían sido ingresados al país de manera ilícita, en el marco de una investigación por contrabando agravado. El operativo incluyó cinco allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y fue realizado en forma conjunta con la Policía de la Ciudad, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva (DGI).
Como resultado de los procedimientos, dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados. Además, se secuestraron $30 millones en efectivo, USD 20.000 y un arma de fuego sin documentación respaldatoria.
Los vehículos incautados —formalmente radicados en Paraguay— son dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, cuyo valor estimado supera los $100 millones por unidad. También fue secuestrada una camioneta Toyota SW4 con patente argentina. En conjunto, el valor total de los bienes incautados supera ampliamente los $500 millones.
La causa es investigada por el fiscal federal de Puerto Iguazú, Marcelo Bernachea, y los allanamientos fueron autorizados por el juez federal de esa jurisdicción, Marcelo Cardozo. Los operativos estuvieron a cargo de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad.
Según la investigación, la maniobra fue detectada inicialmente por la Aduana en el paso fronterizo de Paso de los Libres. El esquema consistía en el ingreso de vehículos desde Paraguay por parte de ciudadanos residentes en ese país, quienes declaraban fines turísticos al ampararse en el Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur. Sin embargo, al regresar a su país de origen, dejaban los automóviles en territorio argentino para que fueran utilizados por sus verdaderos propietarios.
Las autoridades determinaron que existía un ardid deliberado. La operatoria se realizaba por encargo de dos personas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mantenían un alto perfil en redes sociales y exhibían los vehículos en producciones audiovisuales y videoclips de artistas reconocidos, además de alquilarlos para distintos eventos. Uno de los involucrados se presentaba como titular de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
De acuerdo con el artículo 865 del Código Aduanero, los hechos podrían ser encuadrados como contrabando agravado, delito que prevé penas de hasta 10 años de prisión. La investigación continúa en curso y los investigadores estiman que el esquema operaba, al menos, desde 2023.
