Cuatro cámaras empresarias del transporte denunciaron a La Nueva Metropol por presuntas irregularidades en el cobro de subsidios estatales. Según estimaciones del sector, la empresa habría percibido hasta $1.200 millones mensuales de más. En paralelo, surgieron sospechas sobre un eventual financiamiento de campañas políticas en el partido de Moreno a cambio de concesiones de líneas de colectivos.
Un conflicto entre empresas de transporte del conurbano bonaerense quedó expuesto tras una denuncia presentada por cuatro cámaras empresarias contra la compañía La Nueva Metropol, a la que acusan de presuntas maniobras irregulares en el sistema de subsidios estatales que financia el transporte público.
De acuerdo con las presentaciones realizadas ante las autoridades de Transporte, y según una investigación periodística publicada por La Nación, las cámaras denunciantes sostienen que la empresa habría realizado corrimientos de secciones y modificaciones administrativas en los recorridos declarados, lo que permitiría inflar los montos de la compensación tarifaria que paga el Estado, sin que exista un aumento real de pasajeros o kilómetros recorridos.
Según cálculos del propio sector empresario, el presunto cobro indebido alcanzaría unos $1.200 millones de pesos mensuales, lo que proyectado en el tiempo podría superar los $15.000 millones. Las entidades advierten que estas prácticas, de comprobarse, distorsionarían el sistema de subsidios, afectarían la competencia entre empresas y perjudicarían a los usuarios del transporte público.
El conflicto tomó estado público en un contexto donde el esquema de subsidios al transporte continúa bajo cuestionamiento por la falta de auditorías integrales y controles cruzados efectivos, una problemática recurrente señalada tanto por el sector privado como por especialistas.
A este frente económico se suma una sospecha de mayor gravedad política. Fuentes del sector empresarial indicaron que La Nueva Metropol podría estar evaluando aportar al financiamiento de campañas electorales en el municipio de Moreno, incluida la de la intendenta Mariel Fernández, e incluso realizar contribuciones a proyectos políticos a nivel provincial, a cambio de eventuales concesiones o recorridos de líneas de colectivos en ese distrito.
Hasta el momento no existen imputaciones judiciales ni confirmaciones oficiales que respalden esta acusación, y se trata de versiones que circulan en el marco del conflicto empresarial. No obstante, las cámaras denunciantes no descartan avanzar con acciones administrativas o penales si no obtienen respuestas claras por parte de los organismos de control.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la compleja relación entre fondos públicos, empresas de transporte y poder político, y abre un nuevo capítulo en un conflicto que, según advierten en el sector, aún está lejos de cerrarse.
