Empresaria y trabajador formalizados por millonario robo de ganado

La Fiscalía investiga un esquema de abigeato organizado que afectó a varias estancias. El perjuicio supera los $80 millones y se fijó un plazo de 120 días para la investigación.

Una empresaria ganadera y uno de sus trabajadores fueron formalizados por la justicia en el marco de una investigación por robo sistemático de ganado, delito que habría afectado a al menos seis estancias y provocado un perjuicio económico superior a los 80 millones de pesos en uno de los casos denunciados.

La causa es encabezada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) del Ministerio Público, que logró establecer la existencia de un modus operandi planificado y reiterado, con participación coordinada de los imputados.

Durante la audiencia, el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno para la empresaria, mientras que el trabajador quedó sujeto a medidas cautelares, fijándose un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.

Modus operandi

Según expuso la Fiscalía, con apoyo de diligencias de la PDI y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), los imputados habrían operado mediante la manipulación de cercos, la alteración de marcas y señales del ganado y el uso de perros entrenados para desviar animales hacia predios bajo su control.

Asimismo, se detectaron faenamientos clandestinos y posterior comercialización de carne fuera de los canales autorizados, lo que dificultaba la trazabilidad del origen de los animales.

La coordinación de estas acciones habría sido realizada mediante mensajes de texto, lo que permitió a los investigadores reconstruir parte de la dinámica delictiva.

Impacto en el sector

La querella, representada por Sociedad Agrícola Teraike S.A., sostuvo que los registros sanitarios y productivos evidencian un daño sostenido en el tiempo y no hechos aislados.

En tanto, la Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama) expresó su preocupación por el impacto del abigeato, advirtiendo que este tipo de delitos afecta la economía regional y pone en riesgo la seguridad sanitaria, al introducir carne de origen ilegal al mercado.

La investigación continúa en desarrollo y no se descarta que surjan nuevos imputados a medida que avancen las diligencias.