La legisladora Natalia Gracianía explicó que la auditoría también reveló que solo el 1,3% del presupuesto se destinaba a obras y que el 30% se usaba para préstamos al Gobierno provincial. Aclaró que la auditoría sigue.
Reunión con el interventor y decisión de fondo
La legisladora provincial de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, afirmó que la intervención del Puerto de Ushuaia fue el resultado de un proceso de auditoría técnica que permitió corroborar desvío de fondos y una marcada falta de inversión en seguridad e infraestructura, tras reunirse con el interventor designado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
“Nos reunimos con el interventor y fue categórico al explicar cómo y por qué se llegó a esta decisión. Se corroboraron desvíos de fondos y una falta de inversión en seguridad e infraestructura”, sostuvo la legisladora.
Auditoría y desvío de fondos
Gracianía explicó que la intervención no fue una medida intempestiva, sino que se avanzó luego de solicitar información, documentación y de intimar en reiteradas oportunidades a la Dirección Provincial de Puertos, sin que se produjeran correcciones efectivas.
Según precisó, solo durante 2025 se detectó un desvío de alrededor de 5.000 millones de pesos, y remarcó que el proceso de auditoría continúa en curso, con nuevas revisiones técnicas y contables. “La auditoría sigue. No es un trabajo cerrado y lo que ya se detectó es muy grave”, afirmó.
Presupuesto, obras y prioridades
Uno de los puntos centrales señalados por la legisladora fue la forma en que se distribuían los recursos del puerto. Detalló que el 55% del presupuesto se destinaba al pago de sueldos, mientras que el 30% se utilizaba para préstamos al Gobierno provincial, y solo el 1,3% se asignaba a obras.
“Si había obras prioritarias que hacer en términos de seguridad y solo se destinó el 1,3%, es un dato muy importante”, subrayó, al remarcar que la falta de inversión impactó directamente en la infraestructura y en las condiciones de seguridad de la terminal portuaria.
Rol de la Agencia Nacional de Puertos
Gracianía aclaró además que la facultad de fiscalización técnica no corresponde a la Legislatura provincial, sino a la Agencia Nacional de Puertos, que es el organismo con competencia específica sobre la actividad portuaria.
“Quien tiene el poder de fiscalización de lo técnico es la Agencia Nacional de Puertos, no la Legislatura”, explicó. En ese marco, sostuvo que la intervención fue la herramienta adoptada luego de constatar que las irregularidades persistían y que los compromisos asumidos para corregirlas no se cumplieron en los hechos.
Para la legisladora, el proceso derivó en una situación insostenible. “El puerto terminó funcionando como un agente de financiamiento y no cumpliendo con sus obligaciones básicas en materia de seguridad e infraestructura”, concluyó.
