En un contexto de restricciones presupuestarias y mayor exigencia sobre las finanzas públicas, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego dispuso una serie de medidas orientadas a ordenar el uso de los recursos disponibles y asegurar la continuidad del servicio de justicia.
La resolución establece una restricción general en la adquisición de bienes e insumos, limitándola exclusivamente a aquellos que resulten indispensables para el normal funcionamiento del sistema judicial. Como criterio central, se prioriza el cumplimiento de contratos y obligaciones ya asumidas, evitando la generación de nuevos compromisos que puedan afectar la ejecución presupuestaria.
Entre los puntos destacados, se resolvió limitar el uso del sistema de caja chica a situaciones de urgencia debidamente fundadas, excluyendo su utilización para compras menores que no revistan carácter urgente o imprescindible. La medida busca reforzar los mecanismos de control interno y promover un uso más cuidadoso del gasto corriente.
En materia de obra pública, la resolución indica que la ejecución de nuevos trabajos quedará supeditada a la existencia efectiva de fondos o a la posibilidad concreta de afrontar los pagos correspondientes. Se exceptúan únicamente aquellas obras cuya paralización pueda implicar riesgos estructurales, de seguridad o mayores costos futuros. En ese marco, se mantiene la obra del muro de contención del edificio sede del Superior Tribunal de Justicia, por razones vinculadas a la seguridad edilicia.
Finalmente, el documento recomienda a todas las direcciones, áreas y dependencias del Poder Judicial extremar el cuidado en el uso de los recursos, promoviendo una gestión basada en la prudencia, la previsibilidad y la priorización de lo esencial.
La medida se inscribe en una lógica de administración responsable, orientada a preservar el funcionamiento institucional y anticiparse a eventuales tensiones financieras, sin afectar el acceso a la justicia ni la prestación de los servicios esenciales.
