La resolución alcanza a Diego Spagnuolo y a otros exfuncionarios del organismo, en el marco de una causa que investiga la gestión de compras de medicamentos e insumos médicos durante 2024 y 2025.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 resolvió el procesamiento de exautoridades y funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en una causa que investiga presuntas irregularidades en la administración de contrataciones públicas vinculadas a la provisión de medicamentos e insumos de alto costo.
La causa se inició en agosto de 2025 y se encuentra delegada en la Fiscalía Federal N° 5. El expediente analiza el funcionamiento interno del organismo entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con especial atención en los procedimientos aplicados en el marco del Programa Federal Incluir Salud, destinado a garantizar la cobertura médica de personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas.
Según la resolución judicial, el foco de la investigación está puesto en el accionar de funcionarios con responsabilidades de conducción, supervisión y ejecución administrativa, quienes habrían intervenido en procesos de compra que no se habrían ajustado plenamente a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia exigidos para las contrataciones del Estado.
Entre los procesados se encuentra Diego Spagnuolo, quien se desempeñó como director ejecutivo del organismo, junto a otros funcionarios jerárquicos y técnicos que tuvieron participación en distintas etapas del circuito administrativo. El fallo detalla presuntas deficiencias en los mecanismos de control interno y en la utilización del sistema informático SIIPFIS, a través del cual se canalizaban las compulsas de precios y adjudicaciones.
La resolución señala que determinadas decisiones habrían derivado en adjudicaciones concentradas y en la adquisición de prestaciones a valores que ahora son objeto de análisis judicial, lo que podría haber generado un perjuicio al erario público y comprometido la correcta administración de recursos destinados a un sector especialmente vulnerable de la población.
Durante el proceso, los imputados prestaron declaración indagatoria o realizaron descargos por escrito. En sus presentaciones, negaron haber incurrido en conductas irregulares y sostuvieron que actuaron dentro del marco normativo vigente o en funciones de carácter técnico sin capacidad decisoria.
El juez aclaró que la investigación continúa en curso y que las responsabilidades penales se definirán en el avance del proceso, conforme a la producción de prueba y al pleno ejercicio del derecho de defensa.
