A los tres días de que nació su hija, Juan volvió a trabajar. Paula todavía no podía sentarse con comodidad. La beba dormía intermitentemente. La abuela, que se había mudado temporalmente al pequeño departamento en el conurbano para ayudar y disminuir gastos, organizaba turnos improvisados para que alguien pudiera descansar algunas horas.

No fue una decisión ideológica ni una negociación familiar: fue lo que marca la ley. En Argentina, la persona gestante tiene 90 días de licencia. La persona no gestante, dos.

La escena se repite desde siempre en millones de hogares. Y, sin embargo, el régimen que la sostiene rara vez ocupa el centro del debate público.

En medio de la discusión sobre la reforma laboral, el cuidado aparece como una variable estructural que atraviesa el empleo, los ingresos y la igualdad real. No como un asunto doméstico, sino como un problema político.

Cuando el cuidado define trayectorias laborales

El cuidado sostiene la vida cotidiana y también la economía. Sin alguien que cuide, nadie puede trabajar, producir o estudiar. Sin embargo, el sistema laboral argentino fue diseñado históricamente como si esa tarea estuviera garantizada por fuera del mercado.

Los números son elocuentes. Según datos regionales de CEPAL y ONU Mujeres, en América Latina las mujeres dedican en promedio entre el doble y el triple de tiempo que los varones a tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Esa sobrecarga no es solo una estadística: impacta en ingresos, estabilidad y posibilidades de ascenso.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) viene advirtiendo desde hace años que las tareas de cuidado, remuneradas y no remuneradas, son indispensables para la reproducción social y económica. En el Compromiso de Buenos Aires (2022), los Estados de la región reconocieron que avanzar hacia una “sociedad del cuidado” no es una agenda sectorial, sino una condición para el desarrollo sostenible.

El régimen argentino refuerza esa asimetría desde la norma. La Ley de Contrato de Trabajo establece 90 días de licencia para la persona gestante y, para la persona no gestante, apenas 48 horas. La señal es clara: el cuidado inicial es una responsabilidad concentrada.

Diversos estudios, entre ellos el informe Ley de Modernización Laboral (ELA, 2026), advierten que las normas aparentemente “neutrales” pueden producir efectos desiguales cuando parten de estructuras desbalanceadas. En este caso, si la ley presupone que solo una persona interrumpirá su actividad laboral por nacimiento o adopción, el mercado ajusta en consecuencia.

Eso se traduce en brechas salariales persistentes, trayectorias laborales más frágiles y una penalización asociada a la maternidad que no siempre es explícita, pero sí estructural.

En términos simples: cuando el tiempo de cuidado se concentra, la desigualdad se institucionaliza.

Argentina frente a la región: un rezago que ya no pasa desapercibido

La discusión no ocurre en el vacío. En el Mercosur, Argentina es el país con menor licencia para la persona no gestante. Uruguay reconoce 20 días de licencia para la persona no gestante; Paraguay, 14; Brasil prevé entre 5 y 20, según el régimen.

Nuestro país mantiene dos.

A inicios de este mes, el Senado de Chile aprobó la ley que crea el Sistema

Nacional de Apoyos y Cuidados, conocido como “Chile Cuida”. La norma reconoce explícitamente el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y establece una arquitectura institucional para organizar esa responsabilidad como política pública.

El debate no es aislado. ONU Mujeres ha señalado que la sobrecarga de cuidados constituye uno de los principales obstáculos para la igualdad sustantiva y el acceso efectivo a derechos económicos. En América Latina, la reorganización social del cuidado ya no se discute como política compensatoria, sino como infraestructura del desarrollo.

No se trata únicamente de ampliar licencias, sino de asumir que el cuidado es una infraestructura social que requiere coordinación estatal.

Argentina tuvo intentos previos. En 2022, el Poder Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández presentó el proyecto “Cuidar en Igualdad”, que proponía crear un sistema integral de cuidados y ampliar licencias parentales. La iniciativa no avanzó en el Congreso.

El debate, entonces, no es nuevo. Lo que cambia es el contexto regional y la presión comparativa.

Un debate que vuelve al Congreso

La discusión sobre el régimen de licencias parentales tiene antecedentes en el Congreso y ha sido objeto de distintos proyectos en los últimos años, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde legisladores de diversos espacios políticos. A comienzos de febrero de este año, se sumó a ese conjunto de iniciativas un proyecto de ley de licencias parentales equitativas y progresivas impulsado por UCR Mujeres, el espacio de mujeres de la Unión Cívica Radical.

La iniciativa plantea extender de manera gradual la licencia para la persona no gestante mediante un esquema progresivo que alcanzaría los 45 días, con financiamiento a través del sistema de seguridad social. El objetivo, según sus autoras, es redistribuir el tiempo de cuidado sin trasladar el costo directo a empleadores ni trabajadoras.

En las últimas horas, el tema sumó un nuevo capítulo parlamentario. Diputados del interbloque Provincias Unidas elaboraron un dictamen de minoría que retoma propuestas de ampliación de licencias parentales, entre ellas la iniciativa del espacio radical, y que será tratado sobre tablas en la sesión prevista para este jueves en la Cámara baja.

El movimiento legislativo vuelve a colocar el régimen de licencias en el centro de una discusión que articula reforma laboral, sostenibilidad fiscal y equidad de género, y que hasta ahora había quedado relegada frente a otras urgencias económicas.

Para Inés Halm, una de las autoras del proyecto y especialista en Seguridad Social, asesora legislativa y miembro fundadora del Observatorio de Seguridad Social, la diferencia técnica central del proyecto es que reorganiza el tiempo de cuidado desde el inicio.

“Argentina es el único país de la región que mantiene una licencia de apenas dos días para la persona no gestante. Incluso las licencias por maternidad en varios países se extienden a partir de las 16 semanas. Nuestra propuesta incorpora una gradualidad en la ampliación para cuidar el impacto presupuestario y garantizar viabilidad”, explicó.

Según Halm, el objetivo no es sólo ampliar días, sino corregir una disparidad estructural.

“Se trata de reconocer una desigualdad normativa evidente. La ampliación es equitativa y apunta a fortalecer la corresponsabilidad familiar, reducir la discriminación por género y garantizar cobertura en igualdad de condiciones para todas las personas trabajadoras. No podemos seguir aislados de los estándares regionales”, sostuvo.

La especialista remarcó que cualquier modificación del régimen debe contemplar su integración al sistema previsional sin afectar otras prestaciones, y subrayó que la viabilidad financiera exige definir con claridad los mecanismos de compensación.

Reforma laboral y cuidado: una deuda estructural

El proyecto se inscribe en un debate más amplio. El informe de ELA (2026) señala que las reformas laborales que no incorporan perspectiva de género pueden profundizar desigualdades preexistentes. La aparente neutralidad normativa no garantiza igualdad real cuando las condiciones de partida son asimétricas.

En otras palabras: modernizar el mercado de trabajo sin revisar cómo se distribuye el cuidado implica mantener intacta una de las principales brechas estructurales.

Lejos de ser un debate doméstico, el cuidado aparece como una variable que impacta en la productividad, la autonomía económica y la ciudadanía.

Mientras Juan regresa a la oficina a los tres días del nacimiento y Paula reorganiza su rutina alrededor de la crianza, el sistema laboral sigue funcionando como si esa división fuera natural.

La pregunta que vuelve a plantearse en el Congreso no es sólo cuántos días debe durar una licencia. Es cómo se organiza el tiempo que sostiene la vida y quién asume el costo de esa organización.

En un país donde la urgencia económica suele ocupar todo el escenario, el cuidado vuelve a plantear un interrogante más profundo: si la igualdad puede ser real cuando el tiempo no lo es.

Para CEPAL, redistribuir el cuidado implica redistribuir tiempo, ingresos y poder. No se trata de una consigna cultural, sino de una intervención económica concreta. Sin esa dimensión, cualquier modernización laboral corre el riesgo de mantener intacta una desigualdad estructural.