La intervención del quinto banco del país por volumen de depósitos dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y comprometió unos 850 millones de dólares de fondos públicos. Las investigaciones por presuntas maniobras financieras, los vínculos empresariales del presidente y la ruptura del oficialismo derivaron en un juicio político y la presentación de su renuncia.
Paraguay atraviesa una de las mayores crisis institucionales y financieras de los últimos años. El detonante fue la intervención de Ueno Bank, una entidad digital que había experimentado una rápida expansión y llegó a concentrar cerca del 60% de la población adulta del país entre sus clientes.
El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar el procedimiento de resolución de la entidad al detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La investigación también identificó operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo propietario, Grupo Vázquez, que habrían comprometido la situación patrimonial del banco.
Los fondos públicos y las sospechas
El impacto trascendió a los clientes particulares. Ueno concentraba entre 800 y 850 millones de dólares provenientes de organismos estatales, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de las jubilaciones y prestaciones de salud.
La situación generó preocupación por la disponibilidad de fondos previsionales y otros recursos públicos. Además, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras y solicitó medidas contra directivos de la entidad.
El caso alcanzó al presidente Santiago Peña, quien había sido accionista del Grupo Vázquez hasta marzo de 2025. También quedó cuestionado el titular del Banco Central, Carlos Carvallo, quien anteriormente había dirigido Ueno y presentó su renuncia.
La crisis política y el futuro económico
La oposición y sectores disidentes del oficialismo impulsaron un juicio político contra Peña. El quiebre definitivo llegó cuando Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado y principal respaldo político del mandatario, anunció que acompañaría la acusación.
El 5 de noviembre, Peña presentó su renuncia. Diputados aprobó por unanimidad avanzar con el juicio político, pero el Congreso no logró reunir quórum para aceptar formalmente la dimisión. El vicepresidente Pedro Alliana quedó como posible sucesor.
En el plano económico, el Gobierno aprobó una ley de emergencia para adelantar la devolución de depósitos garantizados, mientras los bonos soberanos paraguayos registraron caídas y creció la preocupación de los inversores.
El desafío ahora es recuperar los ahorros, proteger los recursos públicos, determinar las responsabilidades judiciales y restablecer la confianza en las instituciones y el sistema financiero.
