Por Claudia Asin, Politóloga
Por años, la política fueguina ha logrado algo que parece contradictorio: estar de acuerdo en los diagnósticos y, al mismo tiempo, postergar indefinidamente las soluciones. Pocas cuestiones ilustran mejor esta paradoja que el debate sobre la paridad de género en la representación política, más aún siendo la primera provincia en elegir una gobernadora.
Si tomamos como punto de partida el ciclo abierto por el movimiento Ni Una Menos en 2015 y observamos el recorrido institucional de la última década, la conclusión resulta difícil de eludir: Tierra del Fuego lleva casi diez años discutiendo la necesidad de garantizar una representación más equilibrada entre mujeres y varones en los órganos electivos, pero todavía no ha logrado traducir ese consenso social en una reforma efectiva de las reglas electorales.
Mientras tanto, el resto del país avanzó.
La sanción de la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política en 2017 marcó un punto de inflexión para el sistema político argentino. La norma estableció la integración alternada de mujeres y varones en las listas para cargos legislativos nacionales lo que consolidó una transformación que ya venía gestándose en varias provincias.
Durante los años siguientes una gran parte de las provincias adecuó su legislación electoral para incorporar criterios de paridad. Actualmente las únicas excepciones son Tierra del Fuego y Tucumán.
No estamos hablando de una discusión novedosa ni de una propuesta experimental sino de un estándar institucional ampliamente adoptado en Argentina.
La pregunta es por qué Tierra del Fuego sigue esperando.
Una década de debates
La cronología es elocuente.
En 2018, el debate llegó a la Justicia cuando las organizaciones de mujeres de Ushuaia promovieron un amparo frente al archivo de proyectos vinculados con la paridad en el Concejo Deliberante. El fallo reconoció las limitaciones que habían tenido las normas vigentes para garantizar una participación equilibrada de las mujeres en la representación política y ordenó al Concejo deliberante que adecuara la ordenanza electoral.
En 2019, mientras el país aplicaba por primera vez la ley nacional de paridad, la provincia continuaba regida por la ley del cupo.
Entre 2021 y 2022 surgieron nuevos espacios de articulación social y política. El Foro Provincial Hacia una Ley de Paridad Integral de Géneros reunió a militantes, funcionarias, sindicalistas y organizaciones feministas para discutir una propuesta concreta de reforma.
Ese mismo año, los municipios comenzaron a avanzar donde la provincia permanecía inmóvil. La reforma de la Carta Orgánica de Ushuaia incorporó principios vinculados con la democracia paritaria y Río Grande aprobó su propia normativa de paridad para cargos deliberativos.
Sin embargo, el debate provincial volvió a quedar atrapado entre proyectos, declaraciones de intención y dificultades para construir acuerdos legislativos. En 2023, Tierra del Fuego llegó nuevamente a una elección provincial sin haber sancionado una ley de paridad.
La pregunta ya no es si el tema debe discutirse. La pregunta es cuánto tiempo más puede demorarse una decisión.
Los techos de cristal y la falsa comodidad del cupo
Algunos sostienen que la provincia ya cuenta con herramientas suficientes porque sigue vigente la Ley 408 de cupo femenino.
precisamente ahí radica el problema porque el cupo y la paridad responden a lógicas diferentes.
El cupo funciona como una garantía mínima de inclusión. La paridad, en cambio, parte del principio de que mujeres y varones deben participar en condiciones de igualdad en la competencia por los cargos de representación.
La experiencia argentina muestra que el cupo permitió avances importantes, pero también reveló sus límites. En muchos casos, las mujeres eran ubicadas en lugares secundarios de las listas o concentradas en posiciones con escasas posibilidades de resultar electas. La paridad surgió para corregir esas distorsiones.
Por eso no alcanza con declarar la igualdad. Es necesario diseñar reglas que la hagan efectiva.
Sin válvulas de escape
Ahora bien, tampoco cualquier ley de paridad sirve.
La experiencia comparada enseña que las normas pueden vaciarse de contenido cuando incorporan excepciones, mecanismos de reemplazo ambiguos o criterios que permiten alterar el equilibrio de género al momento de asignar cargos.
Si la Legislatura provincial decide finalmente avanzar la reforma debería incorporar tres principios irrenunciables.
En primer lugar, listas deben estar integradas de manera estrictamente alternada entre mujeres y varones.
En segundo término, el mandato de orden, es decir, que la secuencia establecida en la lista tenga efectos reales sobre la asignación de bancas.
Finalmente, los mecanismos de sustitución y cobertura de vacancias que preserven la composición paritaria alcanzada por el electorado.
En otras palabras, la provincia debe sancionar una ley sin atajos.
Una cuestión de calidad democrática
El argumento más importante no es jurídico ni técnico, es democrático porque se sostiene en el principio de igualdad.
La discusión sobre la paridad no trata únicamente de cuántas mujeres ocupan cargos legislativos. Trata sobre quiénes participan en la construcción de las decisiones colectivas. Trata sobre la apertura del sistema político. Trata sobre la legitimidad de la representación.
Hoy la Legislatura fueguina está integrada por cinco mujeres y diez varones.
Más allá de las trayectorias individuales y de la capacidad de quienes ocupan esas bancas, resulta legítimo preguntarse si esa composición refleja adecuadamente la diversidad de una sociedad donde las mujeres representan la mitad de la ciudadanía.
Después de casi una década de debate, la provincia dispone de diagnósticos, antecedentes, proyectos y experiencias comparadas suficientes.
Ya sabemos cuál es el problema.
Lo que falta no es más discusión.
Lo que falta es decisión política.
Y quizás la verdadera anomalía ya no sea que Tierra del Fuego no tenga una ley de paridad. La verdadera anomalía es que, sabiendo que la necesita, todavía siga postergándola.
