El secretario del Juzgado Federal de Río Grande precisó cómo se instrumentará la medida contra empresas pesqueras que operan en Malvinas, el papel de Cancillería y las particularidades del reclamo ambiental presentado ante la Justicia.
El secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Juan Vicente, explicó los fundamentos jurídicos y el procedimiento que deberá seguirse para hacer efectiva la medida cautelar dictada por la jueza Mariel Borruto contra empresas vinculadas con la explotación pesquera en las islas Malvinas. La resolución se inscribe en una demanda ambiental que deberá atravesar distintas instancias judiciales.
En FM Centro, Vicente explicó que la presentación apunta a compañías que desarrollan actividades extractivas sin autorización argentina, con posibles consecuencias sobre los recursos marinos. Según señaló, “no conocemos el impacto ambiental que eso puede tener y el daño que podría provocar a la biodiversidad del mar argentino”.
Respecto del alcance inmediato de la resolución, Vicente precisó: “En principio es la prohibición de que operen y además la obligación de que presenten las autorizaciones con las que cuentan y de qué manera se realizan esas operaciones”.
La instrumentación de esas disposiciones requiere, sin embargo, un procedimiento específico debido a que las compañías demandadas se encuentran en el extranjero. La intervención de Cancillería resulta indispensable para garantizar las notificaciones y permitir que las empresas comparezcan ante el tribunal.
Vicente explicó que “es necesaria la intervención de Ministerio de Relaciones Exteriores para escuchar las notificaciones de manera fehaciente”, y agregó que las compañías deberán conocer formalmente las decisiones judiciales para ejercer su defensa y cumplir las órdenes correspondientes.
Otro aspecto central es la naturaleza ambiental de la demanda, que permite a una fundación promover la acción en representación de intereses colectivos. Al respecto, sostuvo que “en materia ambiental esa legitimación es un poco más amplia porque no hay titulares exclusivos”, dado que la preservación de los ecosistemas involucra al conjunto de la sociedad.
El secretario también aclaró que la cautelar no constituye una sentencia definitiva ni establece todavía la magnitud de los eventuales perjuicios. Sobre esa distinción, señaló: “En el fondo se discutirá el efecto si es que ha habido, si se puede cuantificar el daño en ese momento”.
Finalmente, recordó que el tribunal mantiene una trayectoria de intervención en expedientes relacionados con Malvinas, incluidos asuntos petroleros e investigaciones vinculadas con la guerra. En ese marco, aseguró que “la reivindicación de la competencia de este juzgado sobre Malvinas ha sido sostenido”.
