El Senado convirtió en ley el nuevo régimen de discapacidad

La iniciativa fue aprobada con 71 votos afirmativos y establece un sistema permanente de prestaciones. Mantiene las pensiones no contributivas, el nomenclador universal, la actualización de aranceles y la cobertura de salud. También fija plazos para regularizar las deudas con prestadores.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, con 71 votos afirmativos. La norma reemplaza el esquema de emergencia vigente, cuya duración finaliza el próximo 31 de diciembre, y establece un régimen permanente.

Entre sus principales disposiciones, mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, y permite compatibilizarlas con un empleo registrado o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La ley también conserva el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En materia de salud, garantiza la cobertura de las prestaciones básicas a través del programa federal Incluir Salud para los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad. Además, mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento de acceso a los beneficios del sistema.

Otro de los puntos centrales es el financiamiento. La normativa establece que las partidas destinadas al sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del ejercicio fiscal anterior y contempla mecanismos de compensación presupuestaria.

También incorpora auditorías periódicas y mecanismos de control para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a las pensiones, con garantías de debido proceso.

Respecto de las deudas con los prestadores, establece que el Poder Ejecutivo deberá informar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y cancelar las obligaciones pendientes en un plazo máximo de 90 días, para quienes hayan completado los trámites correspondientes.

Con la sanción del Congreso, el Poder Ejecutivo tendrá 30 días para reglamentar la norma. La implementación será determinante para que los derechos reconocidos se traduzcan en continuidad de tratamientos, previsibilidad para las instituciones y cobertura efectiva para las personas con discapacidad.