El abogado riograndense cuestionó el pronunciamiento de la Asociación de Magistrados, tildándolo de «corporativo» y rechazando su tono admonitorio. Abogó por un debate ciudadano sobre el Poder Judicial, sin privilegios.
La reciente declaración de la Asociación de Magistrados, en la que expresó su preocupación por las publicaciones sobre casos policiales que involucran a jueces como Maiztegui Marcó o Andrés Leonelli, generó una fuerte réplica por parte de varios abogados, entre ellos Francisco Giménez. El profesional calificó el comunicado como una respuesta «corporativa» y cuestionó lo que interpretó como un intento de situar a los jueces en un plano de superioridad moral.
El texto de los magistrados había subrayado la necesidad de que las comunicaciones públicas respeten a las personas involucradas, la función judicial y las garantías constitucionales, incluyendo el debido proceso. Además, reafirmó su compromiso con un Poder Judicial «independiente, responsable y sujeto a control», instando a los actores sociales y mediáticos a evitar descalificaciones personales y a mantener un debate respetuoso.
Sin embargo, Giménez rechazó este enfoque. «No necesitamos que nos digan qué hacer», afirmó en declaraciones a radio Provincia, argumentando que los magistrados no tienen autoridad ética para impartir lecciones a la sociedad. En su opinión, el comunicado refleja una actitud defensiva y alejada de la autocrítica. «Debemos dar un debate sobre el Poder Judicial de la provincia, más allá de las condiciones personales de los jueces. Se necesita un debate ciudadano», sostuvo.
El abogado también cuestionó lo que percibe como una desigualdad en el escrutinio público: mientras el poder político es frecuentemente interpelado, el judicial suele eludir revisiones profundas. «Debemos hacer valer el principio de igualdad ante la ley», señaló, insistiendo en que los jueces, como funcionarios públicos, deben aceptar el juicio social y mediático. «O es una casta intocable y los ciudadanos o la prensa no podemos informar», concluyó, enfatizando que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares irrenunciables en un Estado de derecho.
Giménez, con su postura, desafió la narrativa institucional y reclamó un equilibrio entre la independencia judicial y el derecho de la sociedad a cuestionar a sus instituciones.
