En medio del conflicto por fondos provinciales, el Gobierno apuesta a un diálogo informal en un ámbito neutral, mientras los mandatarios exigen respuestas concretas sin ceder en sus reclamos legislativos.
La Sociedad Rural Argentina, escenario tradicional de la exposición agroganadera, será esta vez el marco de un intento por destrabar la creciente tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores. En un gesto estratégico, el presidente Javier Milei busca reencauzar el diálogo con los mandatarios provinciales, luego de semanas de enfrentamiento público por el veto a leyes clave y la demanda de mayores recursos para las provincias.
Fuentes oficiales confirmaron que, aunque no está prevista una reunión formal, tanto funcionarios del Ejecutivo como gobernadores dialoguistas coincidirán este jueves en la Rural, un espacio considerado «neutral» para evitar la polarización de la Casa Rosada. «No hay agendas cerradas, pero es una oportunidad para bajar la temperatura», admitió un alto asesor presidencial.
El contexto no es sencillo. Por un lado, Milei ratificó su decisión de vetar las leyes de actualización jubilatoria y emergencia en discapacidad, aprobadas por el Senado con amplio respaldo opositor. Por el otro, los gobernadores -incluidos aliados circunstanciales del Pro y la UCR- mantienen su presión en Diputados para avanzar con proyectos que les garanticen más fondos, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una porción de la recaudación del impuesto a los combustibles.
Desde Balcarce 50 insisten en que «el diálogo nunca se interrumpió», destacando el rol del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como interlocutor privilegiado. Sin embargo, reconocen que los reclamos provinciales son un tema espinoso. «Muchos quieren acordar, pero necesitan llevar algo tangible a sus distritos», señaló una fuente cercana a las negociaciones.
En las provincias, el mensaje es claro: no habrá apoyo gratuito. Gobernadores como Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza) -quienes evitaron alinearse con el kirchnerismo en el Senado- exigen contrapartidas. «No vamos a votar a favor del veto solo por promesas. Si no hay una estrategia clara para las provincias, no habrá acuerdo», advirtieron desde dos administraciones opositoras.
El tiempo apremia. Si el Senado comunica este lunes las leyes sancionadas, el Gobierno tendrá 10 días para decidir su veto. En Diputados, la batalla será más extensa, pero el Ejecutivo confía en evitar una derrota legislativa. Mientras tanto, el encuentro en la Rural podría marcar un punto de inflexión, o confirmar la profundización del conflicto, en una relación que definirá los próximos meses de gestión.
