El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena impuesta hace un año y medio por el Tribunal de Juicio de Río Grande a Susana del Carmen Ancalipe, quien protagonizó un extenso proceso judicial que se extendió por más de una década y durante el cual se profugó de la provincia en dos oportunidades.
Una composición subrogante del Superior Tribunal, integrada por los camaristas Sergio Dieguez, Andrés Leonelli y Alejandro Fernández, ratificó la condena de 12 años de prisión contra Ancalipe, por nueve hechos de estafa.
En 2013, Ancalipe y su esposo Carlos Pérez —quien fue condenado a 4 años de prisión— fundaron la empresa “Río Grande Construcciones y Servicios”. A través de esta, estafaron a diez personas por un monto total superior a 1.150.000 pesos, prometiendo acceso a viviendas “llave en mano” o solicitando adelantos para obras y ampliaciones.
El tribunal comprobó la existencia de un ardid mediante una maniobra orquestada: publicidad en medios de difusión, habilitación de un local comercial, exhibición de obras ajenas como supuestos trabajos en curso y la compra de materiales que nunca llegaron a los damnificados. Estas acciones sirvieron para solicitar adelantos de dinero bajo falsas promesas.
Como agravantes, el Tribunal destacó la angustia y el dolor padecidos por las víctimas, varias de las cuales recurrieron a asistencia psicológica. Además, denunciaron que este fraude truncó sus sueños de acceder a una vivienda propia y postergó otros proyectos personales y familiares, como la educación de sus hijos, debido a la pérdida patrimonial sufrida.
La casación presentada por la defensa de Ancalipe fue rechazada, confirmando así la sentencia condenatoria de 12 años de prisión, la pena más significativa aplicada en la provincia por este tipo de delitos.
