El informe de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables (ANPyN) advirtió sobre fallas estructurales, desvío de fondos y un riesgo operativo catalogado como “alto”. Desde la Dirección Provincial de Puertos (DPP) rechazaron las versiones sobre una intervención nacional y aseguraron que se trata de un documento preliminar con observaciones técnicas.
Un diagnóstico con severas observaciones
La ANPyN elaboró un informe de auditoría sobre el Puerto de Ushuaia, en el que se detectaron deficiencias estructurales, operativas y de gestión que —según el documento— comprometen el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos por el Régimen Portuario Nacional.
Riesgo operativo y desvío de fondos
El relevamiento menciona deterioro en el muelle comercial, obsolescencia en los sistemas de seguridad y señalización, falta de mantenimiento preventivo y desvío parcial de recursos financieros hacia finalidades ajenas a la actividad portuaria.
Posibles sanciones legales
De acuerdo con las conclusiones del organismo nacional, estas irregularidades configurarían “un escenario de incumplimiento grave y persistente”, susceptible de sanciones previstas en la Ley 24.093 y el Decreto 769/93, que contemplan desde multas hasta la eventual intervención de la administración portuaria provincial.
Falencias en los sistemas administrativos
El informe también advierte la ausencia de auditorías informáticas y la falta de documentación respaldatoria de los sistemas administrativos y financieros, lo que implica —según el dictamen— un nivel de riesgo alto en materia de disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos.
La respuesta del Gobierno provincial
Ante la difusión del documento, el presidente de la DPP, Roberto Murcia, negó categóricamente que se analice una intervención nacional y aclaró que “se trata de un informe preliminar producto de una inspección solicitada por la propia Agencia Nacional de Puertos”, con un plazo de cinco días para responder las observaciones.
Denuncias internas y aclaraciones financieras
Murcia explicó que la inspección se originó por una denuncia interna presentada por personal de planta permanente, en el marco del debate por la Ley de Financiamiento del SED, y rechazó el presunto desvío de fondos. Según indicó, el dinero se utilizó en una colocación financiera autorizada y auditada por el Tribunal de Cuentas. “Fue un préstamo con cláusulas de devolución, como lo hacemos con otras herramientas financieras”, detalló.
“Es un tema político”
El titular del ente portuario atribuyó la controversia a “una cuestión política” y afirmó que se busca afectar al gobernador Gustavo Melella y a la vicegobernadora Mónica Urquiza. También insistió en que “de ninguna manera están dadas las condiciones para una intervención”, aclarando que las sanciones mencionadas son solo posibilidades contempladas por la normativa.
Temporada y obras en curso
Finalmente, Murcia aseguró que la próxima temporada de cruceros no corre riesgo y destacó las obras estratégicas en ejecución, entre ellas el acceso al puerto, con una inversión superior a 1.200 millones de pesos. La respuesta formal al informe nacional será enviada la próxima semana, reafirmando el compromiso del organismo con la transparencia y el desarrollo regional.
