El Gobierno nacional formalizó el envío al Congreso de su proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que endurece penas, amplía la prisión efectiva y redefine figuras clave como la legítima defensa y la prescripción. El texto, impulsado por el presidente Javier Milei y presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca —según el oficialismo— modernizar un sistema considerado fragmentado y obsoleto.
La propuesta eleva las escalas penales de una amplia gama de delitos graves: homicidios agravados, robos con violencia, abuso sexual, narcotráfico, trata de personas y hechos de corrupción, entre otros. También limita de manera drástica los beneficios penitenciarios: cerca del 82% de los delitos contemplados requerirían prisión efectiva, lo que, para el Gobierno, garantizaría condenas más firmes y mayor protagonismo de las víctimas en la ejecución penal.
Uno de los puntos que promete mayor discusión es la imprescriptibilidad. El proyecto elimina la caducidad del tiempo para delitos como homicidios agravados, abusos sexuales, narcotráfico, trata de personas y corrupción. El oficialismo sostiene que la medida combate la impunidad; sin embargo, especialistas advierten que podría generar tensiones judiciales y debates sobre garantías procesales y estándares internacionales.
Otro eje central es la redefinición de la legítima defensa. La iniciativa incorpora una presunción inicial a favor de la persona que se defiende, lo que cambia el punto de partida en la evaluación judicial de los hechos violentos. Para los impulsores, la modificación protege a las víctimas; para sus críticos, podría abrir zonas grises y aumentar los casos de uso excesivo de la fuerza en situaciones ambiguas.
El proyecto además introduce nuevas figuras penales y agravantes vinculados a conducción imprudente, portación ilegal de armas, delitos en espectáculos masivos, ciberdelitos y crimen organizado. En paralelo, busca unificar en un solo cuerpo normativo cientos de leyes especiales acumuladas durante décadas, lo que, según el Gobierno, permitiría construir un Código adaptado a los desafíos actuales.
La reforma enfrenta cuestionamientos desde el ámbito jurídico y penitenciario. El endurecimiento generalizado de penas podría agravar la sobrepoblación carcelaria y la falta de infraestructura. También se plantea si la simple elevación de castigos impacta en la reducción efectiva del delito sin políticas complementarias de prevención, modernización judicial y trabajo social.
Con el proyecto ya en manos del Congreso, comienza un debate que promete ser extenso. El oficialismo busca avanzar con celeridad, pero la magnitud del cambio anticipa negociaciones intensas y revisiones profundas. De aprobarse, la iniciativa implicaría uno de los rediseños más relevantes del sistema penal argentino en décadas.
