La Legislatura tratará hoy la cesión de áreas a Terra Ignis sin el informe de auditoría técnica y económica final, apoyada en una presentación cargada de expectativas y optimismo, pero con escaso rigor frente a los riesgos y costos que están en juego.
Un diagnóstico atendible, pero no suficiente
La documentación oficial parte de un diagnóstico atendible: el retiro de la operadora actual obliga a la Provincia a actuar para evitar una parálisis productiva con impacto fiscal, laboral y energético. En ese escenario, Terra Ignis es presentada como la herramienta capaz de transformar una salida compleja en una oportunidad estratégica.
Filminas cargadas de expectativas, con poco margen de error
El problema es que el acuerdo descansa sobre una acumulación de expectativas que deja muy poco margen para que algo salga mal.
Las propias filminas reconocen que varias áreas solo resultan económicamente viables bajo supuestos exigentes: fuertes reducciones de costos operativos, mejoras de productividad y escenarios de precios favorables. En algunos casos, incluso se admite que, si esos supuestos no se cumplen, el valor económico de las áreas se vuelve negativo. En otras palabras, el esquema presentado funciona solo si casi todas las variables juegan a favor.
Lo que no se desarrolla con la misma claridad es el costo de los desvíos. Qué ocurre si los costos no bajan como se proyecta, si las inversiones se demoran o no llegan, o si los activos no alcanzan los niveles de rentabilidad esperados. En un contexto fiscal frágil, esos desvíos no son menores: son riesgos potencialmente costosos para la Provincia.
El potencial de los activos y las incógnitas que persisten
Algo similar ocurre con la planta San Sebastián, presentada como el activo más sólido del acuerdo. El informe detalla oportunidades de mejora y ampliación de capacidad, pero aclara que requieren inversiones significativas y acuerdos comerciales futuros con grandes operadoras privadas. No se especifican cronogramas, fuentes de financiamiento ni escenarios alternativos si esos acuerdos no se concretan. El potencial está descripto; la viabilidad efectiva, no.
En materia ambiental, el propio material reconoce que el listado inicial de pasivos era incompleto y debió ser reconstruido mediante imágenes satelitales y visitas a campo. Aun así, el valor de remediación se incorpora como “parte de la negociación”, sin explicitar con precisión qué riesgos quedan plenamente cubiertos por la parte cedente y cuáles podrían recaer, directa o indirectamente, sobre la Provincia en el futuro.
El riesgo institucional de votar sin toda la información
Pero el punto más delicado es institucional. Terra Ignis es una empresa creada en 2022, con inicio operativo reciente y sin un historial probado en explotación hidrocarburífera de esta complejidad. Sin embargo, hoy se le asigna la responsabilidad de gestionar activos maduros, reducir costos de manera drástica, sostener inversiones relevantes, negociar con grandes operadores y garantizar soberanía energética. La brecha entre la magnitud de la responsabilidad asumida y la capacidad demostrada hasta ahora no es un detalle técnico: es el núcleo del riesgo.
A esto se suma un dato clave: la auditoría técnica y económica integral final aún no fue entregada. La Legislatura es convocada a decidir con una evaluación preliminar, sin el documento que permita dimensionar de manera completa activos, pasivos, contingencias y riesgos económicos de largo plazo.
Hoy no se discute solo una cesión. Se discute si la Legislatura está dispuesta a convalidar un esquema basado en expectativas altas y margen de error mínimo, o si ejercerá su función de control exigiendo información completa y garantías concretas.
Antes de votar, la Legislatura debería responder tres preguntas básicas:
- ¿Por qué se decide sin contar con el informe final de auditoría, cuando ese documento define el verdadero valor, los riesgos y las contingencias del acuerdo?
- ¿Quién paga si las proyecciones no se cumplen, si los costos no bajan, si las inversiones no llegan o si los activos no resultan rentables?
- ¿Qué capacidad real tiene hoy Terra Ignis para asumir esta responsabilidad, y qué controles efectivos existirán para evitar que los errores los termine pagando la Provincia?
