La sesión de este lunes en la Legislatura de Tierra del Fuego no gira únicamente en torno a la cesión de áreas hidrocarburíferas a Terra Ignis. Lo que está en juego es algo más profundo: la presión del oficialismo para lograr una aprobación acelerada, apoyada en consignas emotivas y con escaso sustento técnico y económico, en una operación que compromete recursos estratégicos de la provincia.
El argumento que se repite como un mantra no es ya la solidez del acuerdo ni su viabilidad de largo plazo, sino la “continuidad laboral”. Sin embargo, ese discurso choca con una realidad conocida dentro del propio sector: la empresa ya ofreció retiros e indemnizaciones a parte de su personal y un número significativo de trabajadores aceptó esas condiciones. La continuidad laboral, presentada como amenaza inminente, aparece así más como una herramienta de presión política que como un dato objetivo del acuerdo en discusión.
En paralelo, el oficialismo empuja con urgencia otro objetivo menos declamado, pero central: asegurar el cobro de los USD 28 millones comprometidos, una cifra que se presenta como salvavidas financiero inmediato. Ese monto, repetido una y otra vez, funciona como argumento de apuro, aunque no se ha explicado con rigor cuál es su verdadero impacto fiscal neto, ni cómo se integra a un esquema económico que incluye activos, pasivos ambientales y costos operativos futuros.
Lo que se les pide hoy a los legisladores es, en los hechos, firmar un cheque en blanco. Avalar una cesión sin contar con una auditoría técnica y económica integral final, sin escenarios comparativos claros y sin un detalle preciso de los riesgos que podrían recaer sobre la Provincia si las proyecciones optimistas no se cumplen.
La presión no es menor. Se combinan el discurso del empleo, la urgencia financiera y el calendario político para forzar una decisión que debería tomarse exactamente al revés: con tiempo, con datos y con máxima exigencia técnica. Porque no se trata de un trámite administrativo, sino de un compromiso económico de largo plazo que puede condicionar las cuentas públicas y la política energética provincial durante años.
Resulta llamativo que, frente a semejante magnitud, se minimicen las dudas y se pretenda clausurar el debate bajo la lógica del “no hay alternativa”. Siempre hay alternativas cuando hay información. Lo que no hay, hasta ahora, es la documentación completa que permita evaluar si este acuerdo es conveniente, neutro o riesgoso para la Provincia.
La Legislatura no está para convalidar apuros ni relatos simplificados. Está para ejercer control, exigir precisión y asumir decisiones con responsabilidad institucional. Confundir urgencia política con responsabilidad económica es un error que Tierra del Fuego ya pagó caro en el pasado.
Hoy no se vota solo una cesión. Se vota si el Parlamento acepta decidir bajo presión, o si reclama el rigor técnico que una decisión de este calibre exige. Lo demás —empleo, dólares, promesas— sin datos completos, es solo retórica.
